Las tensiones apenas comienzan, y existe la posibilidad de que se pretenda apostar a generar una crisis política en medio de un año preelectoral, y debemos estar conscientes de que el riesgo no es que se destruyan los partidos.
Mientras Israel atraviesa por una gran crisis generada por el rechazo que ha suscitado la propuesta de reforma judicial presentada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, cuyo objetivo es limitar poderes de la Suprema Corte de Justicia y cambiar la composición del comité de nueve miembros que selecciona a los jueces para dar al gobierno la mayoría de los escaños en el mismo, pues mucha gente está decidida a impedir lo que entiende como un intento de politizar el poder judicial; en nuestro país se han elevado las tensiones políticas por el expediente acusatorio de una Procuraduría General de la República, a la cual gran parte de la sociedad le reconoce ser por primera vez independiente, contra importantes dirigentes y el excandidato presidencial del anterior partido de gobierno, el cual ha apelado al manido reclamo de persecución política.
Muchos críticos entienden que detrás de esta propuesta de reforma del gobierno israelí que pretende reducir poderes al Tribunal Supremo para transferirlos al Parlamento, el cual dominan, está la intención de controlar el proceso por corrupción que se está llevando a cabo contra Netanyahu, para garantizar que el resultado de este no sea inhabilitarlo para el cargo, lo que este naturalmente ha negado.
Sin embargo, la controversial reforma, calificada incluso por el presidente de Israel como de «equivocada” y de que socava sus fundamentos democráticos, ha provocado que el fiscal general haya depositado una petición ante el Tribunal Supremo para que declare a Netanyahu no apto para el cargo, alegando que ha violado la declaración de conflicto de intereses que aceptó suscribir como parte de un acuerdo con el tribunal para seguir ejerciendo como primer ministro, a pesar de estar siendo juzgado, declaración que entiende le impedía participar en la elaboración de las políticas de la reforma judicial.
Los ojos del mundo han estado observando como millares de personas han salido a las calles en Israel para defender la independencia de su poder judicial y evitar la politización de la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, lo que ha provocado que muchos líderes mundiales se hayan pronunciado, incluyendo su principal aliado el presidente de los Estados Unidos de América Joe Biden, quien expresó a Netanyahu en una reciente llamada que «las sociedades democráticas se fortalecen con auténticos controles y equilibrios”.
En nuestro país algunos voceros del PLD que se sienten agraviados con el expediente acusatorio en contra de importantes dirigentes suyos han cuestionado la independencia del actual Ministerio Público, lanzando la pregunta, según reseñan algunos medios, de si “¿es el Ministerio Público independiente, o es un Ministerio Público dependiente, pro- reelección del presidente”.
Estas graves denuncias han sido respondidas por la Procuradora General de la República con la templanza y verticalidad que la caracterizan, mediante carta dirigida al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo en la que hizo constar que el último encuentro que había tenido con este fue en noviembre del año pasado en el que le presentó el anteproyecto de creación del Ministerio de Justicia, así como mediante declaración leída públicamente en la que afirmó que “constituye un despropósito querer enlodar el trabajo que realiza el Ministerio Público con insinuaciones que pretenden reducirlo a un instrumento de venganza política”.
Debemos estar bien atentos a esta difícil relación entre un sistema de justicia que ha decidido actuar de forma independiente y un liderazgo político que ha estado acostumbrado a que no se investigue y sancione su accionar, y que siempre ha buscado en los hechos controlarlo. Las tensiones apenas comienzan, y existe la posibilidad de que se pretenda apostar a generar una crisis política en medio de un año preelectoral, y debemos estar conscientes de que el riesgo no es que se destruyan los partidos, contrario a lo que algunos proclaman, pues eso lo pueden realizar sus respectivos dirigentes y militantes con sus actuaciones equivocadas, sino que se intente coartar esta independencia del Ministerio Público y la justicia, o incluso revertirla, como proverbialmente nos anuncia lo que sucede en Israel.
