Barcelona.- La Fiscalía Provincial de Barcelona está estudiando la difusión de imágenes de la joven que denunció la agresión sexual cometida presuntamente por Dani Alves, después de que la madre el exfutbolista ha revelado su identidad en las redes sociales.
La Fiscalía Provincial de Barcelona está estudiando la difusión de estas imágenes y está analizando todos los elementos vinculados a esta situación.
Asimismo, la Fiscalía también pedirá que se proteja la imagen de la víctima el día del juicio a Alves, que está previsto que inicie el próximo 5 de febrero en la Audiencia de Barcelona.
La abogada de la víctima ha anunciado ese jueves que denunciará a todas aquellas personas que difundan imágenes suyas o información que permita identificarla, después de que la madre del exfutbolista ha revelado su identidad en las redes sociales.
Lucía Alves, madre del exfutbolista Dani Alves, que permanece en prisión desde el 20 de enero de 2023 por un delito de agresión sexual, ha compartido en su cuenta de Instagram un vídeo que muestra imágenes de la víctima, de quien revela su identidad y ofrece datos personales acusándola de querer fama y dinero.
En un comunicado, la abogada Ester García, que ejerce la acusación particular en nombre de la víctima, ha denunciado que la difusión de imágenes o de cualquier información que permita la identificación de una víctima de violencia sexual «constituye un delito flagrante».
«Es lamentable que, a fecha de hoy, se siga intentando destruir a las personas que se atreven a denunciar», asegura el comunicado.
Ante esta situación, la abogada de la acusación particular advierte de que instará acciones judiciales «contra todas aquellas personas o medios que difundan las imágenes» de la víctima o faciliten cualquier información, directa o indirecta, que permita su identificación.
«Quien confía en Dios ya no pierde la batalla», se puede leer en la publicación de la madre de Dani Alves junto con el video grabado por una abogada brasileña, en el que aparece la víctima bailando y celebrando su cumpleaños.
La Fiscalía de Barcelona pide para el exinternacional brasileño nueve años de prisión, además de diez años de libertad vigilada y una indemnización de 150,00 euros para la víctima, mientras que la acusación particular eleva a doce años la petición de cárcel, la pena máxima establecida en el Código Penal español por un delito de este tipo.