Evaluación de los jueces por los políticos: una farsa

La recién concluida evaluación de los jueces a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por los políticos que conforman el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ha evidenciado una vez más que el sistema adoptado constitucionalmente para reelegir o no a los jueces de las altas cortes tiene serias deficiencias.

¿Cuáles fueron los criterios específicos utilizados para evaluar los 10 jueces que se postularon para ser reelectos? ¿Hubo una escala de puntuación para determinar quiénes sacaron mejor calificación? ¿Cuál fue el criterio para decidir que se reeligiera un solo juez por cada sala de la SCJ? ¿Obtuvieron los reelectos mejor puntuación que los demás?

La ciudadanía no tiene respuestas para estas preguntas, y tampoco los miembros del CNM. Por tal razón, llamarle evaluación a ese proceso es incorrecto; y pretender que tal evaluación se realizó es una farsa. Que la Constitución lo disponga no reduce la farsa.

Los políticos no tienen capacidad para evaluar jueces. La Constitución les ha asignado una tarea que no pueden cumplir.

El oficio del político es evaluar situaciones y personas en función, fundamentalmente, del beneficio político que reportan. Una vez electos por la ciudadanía, se supone que los políticos adquieren el poder mágico de gobernar a favor de la ciudadanía. ¡Vaya maravilla! En la realidad, sin embargo, los políticos actúan principalmente en función de sus intereses.

Dado que el sistema está diseñado para que los políticos nombren los jueces de las altas cortes, hay países como Estados Unidos donde los jueces se eligen de por vida (con inamovilidad). Por ejemplo, los jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos no pueden ser removidos de sus cargos, a menos que comentan una falta grave o que ellos renuncien por decisión propia. Esa inamovilidad les da independencia de los políticos una vez son nombrados.

Cuando en la República Dominicana se hicieron las reformas judiciales en la Constitución de 2010 se contempló establecer el sistema de inamovilidad para los jueces del Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, pero los políticos se echaron para atrás. Se estableció entonces que los jueces podían repostularse a sus cargos y serían evaluados por el CNM.

La experiencia dominicana reciente (y la anterior) demuestra que esas evaluaciones no existen. Se toman decisiones políticas en base a ciertos referentes profesionales.

En el caso del Tribunal Constitucional, donde tocaba renovar cuatro jueces el año pasado, se cambiaron todos. Fue una decisión política, no en base a una evaluación objetiva de desempeño en el cargo. Si los nombrados resultan ser mejores que los anteriores nunca lo sabremos, porque no conocemos los criterios utilizados.

En el caso de la recién finalizada elección de 12 jueces de la SCJ, para cuyos 10 de los puestos se presentaron nuevamente los que ocupaban esos cargos, la politización llegó a extremos indignos con la jueza Miriam Germán. Para sacarla se armó un expediente de difamación nunca visto en la historia política de la post transición de 1978.

No conocemos los criterios objetivos que utilizó el CNM para evaluar los 10 jueces que se postularon para repetir en la SCJ porque no los hubo. Primó como siempre el cálculo político.

Por tal motivo, sería más saludable para la democracia que los jueces de las altas cortes se eligieran por un período de tiempo específico (10 o 12 años) sin repostulación. Así no se someten a evaluaciones falsas por los políticos, y tal vez adquieren más independencia judicial para salir con honorabilidad.