Exigen disolución de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia

SANTO DOMINGO.– Ante las revelaciones de que la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, gastó más de seis mil millones de pesos el año pasado, pese a carecer de presupuesto propio, y tiene aprobado más de 4 mil millones para el 2023, organizaciones de la sociedad civil y legisladores de distintos partidos políticos exigen una investigación e incluso algunos sugieren la disolución de esa entidad de ayuda asocial.

Una vez más el Propeep se encuentra en el ojo público, esta vez, porque según revelaciones los gastos en los programas que realizan terminan con hasta un 70 % más de lo programado, sin que se señalen las fuentes alternas de los recursos.

Es por ello que para Participación Ciudadana se hace necesario que la Contraloría General de la República abra una investigación y que incluso, la Cámara de Cuentas realice una auditoría especial.

Se trata de una posición que comparte legisladores de distintas bancadas, algunos de los cuales se van más lejos y sugieren al gobierno abocarse a un rediseño de aquellas instituciones cuya funciones sean similares.

De acuerdo con informes, en tres meses la entidad gastó más de 165 millones de pesos en lo que parecen ser solo talleres, charlas y entrega de canastillas, y más de 600 millones de pesos en un programa de alfabetización que en ese tiempo solo logró identificar a 350 posibles beneficiarios.

Destacar que el pasado año el programa El Informe reveló que el Propeep, dirigido en ese entonces por Neney Cabrera, le aceptó a algunas empresas que participaron en el programa “Pinta tu Barrio en Navidad” una pintura diferente a la prometida en el proceso de licitación.  Además de otras irregularidades en la ejecución del proyecto que le costó al Estado más de 155 millones de pesos.

En enero de este año Roberto Ángel asumió el cargo de director general de Propeep, en sustitución de Neney, quien renunció al cargo.

Algunos diputados dijeron esperar que en caso de que se demuestren irregularidades en esa entidad de ayuda social, sea interpelado por el Congreso Nacional, el titular de esa institución.