Exigen mercados locales y titulación de tierras para garantizar alimentos justos y sostenibles

Santo Domingo.- La falta de mercados territoriales fortalecidos y de políticas eficaces de titulación de tierras amenaza la sostenibilidad de la agricultura familiar y el derecho a la alimentación en República Dominicana.

Así lo denunciaron diversas organizaciones campesinas durante el 2do Foro de Agricultura Familiar y Mercados Territoriales, donde se presentaron estudios que evidencian las barreras que enfrentan comunidades rurales para acceder a mercados y legalizar sus tierras.

Las investigaciones, tituladas “Cartografía de mercados territoriales en República Dominicana” y “Situación legal de parcelas catastrales en nueve comunidades de Azua, Barahona y Bahoruco”, destacan una exclusión estructural persistente.

Más de 6,000 familias campesinas participaron directa o indirectamente en los estudios, que incluyeron encuestas, entrevistas, grupos focales y trabajo de campo.

Crisis en la comercialización y abandono del campo

Los hallazgos revelan que la agricultura familiar enfrenta una profunda crisis, marcada por altos costos de producción, bajos precios de venta y escasa capacidad de negociación con intermediarios. “Las familias campesinas deben vender rápido para evitar pérdidas poscosecha, lo que limita su poder de decisión sobre los precios”, explicó el investigador Piero Confalonieri. A esto se suma el éxodo de la juventud rural, que deja en el campo a una población envejecida, menos vinculada a la innovación productiva.

Los estudios advierten sobre la debilidad de los mercados locales, con infraestructura insuficiente, falta de articulación institucional y escasa inversión pública. Las ferias campesinas, uno de los pocos espacios de venta directa, dependen casi por completo del esfuerzo de las organizaciones comunitarias, sin respaldo estratégico del Gobierno central o municipal.

Entre las 25 propuestas de acción, destacan:

• Activar la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria, junto con sus órganos de coordinación.
• Reactivar el INESPRE con enfoque en precios justos y compras a la agricultura familiar.
• Hacer cumplir los decretos 168-19 y 610-22, que obligan al INABIE a adquirir alimentos del Programa de Alimentación Escolar a productores locales.

Tierras sin títulos en zonas agrícolas clave

El segundo estudio alerta sobre una alta inseguridad jurídica en la tenencia de tierras. Más del 84 % de las 128,000 tareas analizadas se encuentran en áreas protegidas, lo que legalmente impide su titulación, pese a que han sido ocupadas por familias campesinas durante décadas.

El informe sugiere procesos de saneamiento fuera de áreas protegidas, la redefinición de límites en zonas como la reserva Barrero, y la creación de esquemas de co-manejo con el Ministerio de Medio Ambiente.

Incluso se documentaron asentamientos instalados por el Instituto Agrario Dominicano (IAD) después de declararse las zonas como protegidas, lo que evidencia contradicciones en la gestión del territorio.

Demandas desde el campo

Las organizaciones rurales no solo denuncian, también proponen. Abogan por una transición agroecológica, sistemas de venta directa productor-consumidor y políticas públicas que reconozcan el valor del trabajo rural.

“No se trata solo de producir comida. Se trata de para quién, cómo y a qué costo se produce”, afirmó uno de los facilitadores del foro, en referencia a la urgencia de reestructurar el sistema alimentario nacional.

Apoyo institucional y cooperación

El evento fue encabezado por Miriam Guzmán, viceministra de Desarrollo Rural; Celeste Solano, de Justicia Alimentaria; e Ignacio Sánchez de Lerín, ministro consejero de la Embajada de España. Fue organizado por Justicia Alimentaria, CONAMUCA, FECAINMAT, Centro Lemba e ISOL, con el apoyo de la AECID y la AACID.

También participaron ponentes de organizaciones como Terra Nuova, Articulación Nacional Campesina y Foro Ciudadano, quienes respaldaron el reclamo de políticas integrales que reconozcan la agricultura familiar como pilar del derecho a la alimentación, el desarrollo territorial y la justicia social.