SANTO DOMINGO.- En la Avenida Anacaona, en la Torre Juan Antonio 14, fue comprado un apartamento por 19 millones de pesos en el año 2012 con la empresa Rayville Finance, registrada en Panamá el 23 de agosto de ese año.
12 días después, el 5 de septiembre, aparece una carta del bufete panameño ALCOGAL, dirigida al intermediario local diciendo que “de acuerdo a sus instrucciones, adjunto encontrarán la Escritura Pública del Poder General a favor de Víctor Díaz Rúa”.
El documento es parte de los Pandora Papers, poniendo nuevamente en la palestra al ex ministro de Obras Públicas que actualmente es acusado por el Caso Odebrecht.
Precisamente en el año que indica el documento, recién terminaba su gestión durante el tercer periodo del ex presidente Leonel Fernández, administración que había concluido hacía sólo semanas.
La comunicación también dice que adjuntaba una carta de reunión de la Junta Directiva de la Offshore autorizando el certificado de acciones emitido al portador.
Menos de un año más tarde, el 08 de julio del 2013, los poderes para dicha empresa aparecen a nombre de Reina Josefina Domínguez Quezada, madre de los hijos del ex mandatario Leonel Fernández.
Ante los cuestionamientos de El Informe, Díaz Rúa se desligó de la compra del inmueble diciendo que sólo sirvió como intermediario con los dueños del apartamento, asegurando desconocer que estaba apoderado, mostrándose sorprendido e incrédulo ante el documento que le mostramos.
Nos remitió a la Sra. Domínguez, quien previamente había dicho a El Informe que tampoco tenía detalles de la compra, pero sí del poder que había sido transferido a su nombre, ya que el inmueble era de uso familiar.
En las filtraciones obtenidas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación también apareció el ex viceministro de Industria y Comercio Héctor Vinicio Mella Garrido.
El funcionario que ejerció funciones entre 2012 y 2016 y que luego fue designado en el Indotel como Gerente Financiero, figura con dos empresas: Cargo Trading and Transport Inc. creada en 1994, dedicada a las operaciones como agencia Naviera y Mooresville Commercial Limited, incorporada en 2002, como accionista de la primera, ambas registradas en las Islas Vírgenes Británicas.
Inicialmente las dos contaban con acciones al portador, pero en los años 2013 y 2014, las acciones de Mooresville cambiaron a nombre de Mella Garrido y las de la segunda también, esta vez con la participación de otros accionistas.
El ex viceministro, empresario en el área marítima, en su declaración jurada de bienes en 2016, dijo tener capital invertido en dos empresas marítimas, entre las seis compañías que declaró. Las offshore no aparecen como parte de su patrimonio.
El Informe se comunicó con Mella Garrido vía telefónica, al tiempo que envió un correo con preguntas, tal cual él lo requirió, pero nunca respondió y tampoco volvió a tomar las llamadas del programa de investigación.
Entre los más de 11.9 millones de documentos también aparecieron otros 5 funcionarios o ex funcionarios.
El ministro administrativo de la Presidencia José Ignacio Paliza, con Bellcreek Overseas, empresa panameña que aparece en su declaración jurada de patrimonio. Paliza dijo a El Informe que es una tenedora de propiedades familiares, con sus dos hermanos también como accionistas.
Su predecesor en el cargo, José Ramón Peralta apareció con Jolly Estates, registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Peralta señaló que era dueña de un terreno en Cap Cana y se disolvió en 2010 cuando se deshizo del inmueble, antes de entrar al tren gubernamental.
El nombre del diputado Francisco Javier Paulino, salió a relucir apoderado durante seis meses de la compañía panameña Bayanai, en el año 2012, cuatro años antes de llegar a la Cámara Baja. El legislador explicó a El Informe que adquirió la empresa de carpeta para un cliente que finalmente desistió del negocio y terminó vendiendo la offshore.
Los últimos dos que aparecen en el enorme archivo son: la embajadora en Francia, Rosa Hernández de Grullón y el extinto ex vicepresidente y ex Canciller Carlos Morales Troncoso, que aparecen con Fideicomisos familiares.
“Muchas personas en RD, desde hace muchísimo tiempo utilizan la figura del trust creada fuera de RD y cedían su patrimonio a ese Trust, manejados por un banco que tiene departamento de trust para esos fines, y la persona sencillamente se desliga, todos esos activos dejan de estar dentro de su patrimonio”, dijo el abogado y miembro de Participación Ciudadana Francisco Álvarez.
Agregó que no hay que declararlo “ya que no le pertenecen a usted, le pertenecen a otras personas, a ese trust, que se va a manejar de una manera, hay unos que le llaman wish list, que básicamente instrucciones de que tiene que hacer quien va a manejar el trust, con esos activos”.
Al igual que estos últimos dos casos, en los documentos aparece un gran número de familias dominicanas o grupos empresariales que manejan grandes recursos, que aunque no tienen que declarar sus bienes como funcionarios, sí tienen obligaciones fiscales ante la Dirección General de Impuestos Internos. Si lo hacen o no, los periodistas no tienen acceso a esas informaciones.
En la filtración de los Pandora Papers se encuentran 14 oficinas de abogados, proveedores de servicios de OFFSHORE, que son parte de una industria mucho más grande de este tipo de servicio que opera en todo el mundo.
Por ejemplo, en las Islas Vírgenes Británicas, donde seis o casi la mitad, de los proveedores que se encuentran en la base de datos han actuado como agentes registrados, hay al menos 101 empresas que actúan en esa capacidad, según la Comisión de Servicios Financieros de esas islas.
O sea, es imposible decir cuánto del universo de datos de proveedores está en manos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y los 600 periodistas que analizaron la data, pero es probablemente una pequeña fracción.
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