Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco son acusados de liderar una organización criminal que desvió más de 612.000 millones de pesos.
Exministros colombianos enfrentan cárcel por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Bogotá.- Los exministros colombianos Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior) fueron enviados este jueves a detención preventiva por una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, por su participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La orden judicial contra los dos exministros es una medida de aseguramiento mientras se define su proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos que la Fiscalía les imputó a principios de mes.
El escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se ha convertido en uno de los casos más graves que han afectado al Gobierno del presidente Gustavo Petro, al salpicar a altos funcionarios y exintegrantes de su gabinete.
Las investigaciones se centran en el presunto uso irregular de recursos públicos asignados a la atención de emergencias y gestión del riesgo.
Según las autoridades judiciales, entre 2023 y 2024 se habría estructurado una organización criminal que desvió más de 612.000 millones de pesos con el supuesto propósito de pagar a congresistas a cambio de respaldo legislativo a iniciativas del Gobierno. Este esquema habría operado mediante contratos y decisiones administrativas dentro de la UNGRD.
En este contexto, la Fiscalía imputó a los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
Ambos se convirtieron en los exfuncionarios de mayor jerarquía del actual Gobierno señalados formalmente dentro de este proceso.
La orden de detención preventiva, dictada por una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, busca garantizar el desarrollo del proceso penal mientras se define su responsabilidad, marcando un nuevo capítulo en el caso y profundizando el impacto político y judicial del escándalo en la administración Petro.