San José.- Expertos de América Latina analizaron este jueves en Costa Rica los desafíos del sistema penitenciario en la región, que en los últimos 20 años ha experimentado un fuerte aumento de la población carcelaria y donde las reformas penales y procesales de los Gobiernos han jugado un papel importante.
El director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, Iñaki Rivera Beiras, explicó en el marco de un foro, que el incremento cuantitativo de la población penitenciaria no se debe únicamente a un aumento de los delitos sino a una serie de reformas penales y procesales.
Latinoamérica ha enfrentado en las últimas décadas un fuerte aumento en la población carcelaria, pues según datos de Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, la cantidad de personas privadas de libertad al cierre de 2021 en la región fue de 1,8 millones, para un aumento de casi un 70 % en las últimas dos décadas.
«No fue que la población penitenciaria aumentó como consecuencia del aumento del delito, como se le ha hecho creer a la gente, sino que la población penitenciaria creció porque los jueces decretaron muchísimas más prisiones como consecuencia de reformas penales y procesales que a su vez fueron muy utilizadas por gobiernos en campañas electorales», dijo Rivera.
El experto es uno de los participantes del ‘Encuentro Internacional de Defensorías Públicas de América Latina, 20 años de la Asociación de Defensorías Públicas de América Latina y el Caribe (AIDEF) en defensa de los Derechos Humanos’, que se realizó en Costa Rica este miércoles y jueves.
El caso de Costa Rica
Según información oficial del Instituto Nacional de Criminología del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, al 12 de noviembre de 2023, la población en cárceles en este país asciende a 15.635 personas.
«En el caso de Costa Rica, este era un país, a diferencia de hoy, que presentaba unos índices de encarcelamiento de aproximadamente de 100 presos por cada 100.000 habitantes. En 20 años se triplicó y fue por las reformas penales», apuntó Rivera.
«Hay medidas alternativas a la privación de libertad que no son sinónimo de impunidad», manifestó Rivera.
El experto añadió que tanto Costa Rica como los países de la región deben trabajar en un cambio cultural y educacional para iniciar una transformación, así como desarrollar una nueva pedagogía para aplicar las sanciones que no solamente sean la cárcel, sino uso de tobilleras, arrestos domiciliarios con privación de salida, firmar cada cierto tiempo, inhabilitaciones o prohibiciones para ejercer cargos, entre otros.
Por su parte, el director de la Defensa Pública de Costa Rica, Juan Carlos Pérez Murillo, afirmó que las autoridades también deben trabajar conjuntamente en programas de prevención del delito y reconstrucción para reinsertarlos a la sociedad.
