Santo Domingo.- Nombrada en abril del 2020 como presidente ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Greybby María Cuello Coste, permaneció cuatro meses en sus funciones hasta que fue sustituida tras el cambio de gobierno en agosto 2020.
La exfuncionaria es la esposa del exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou, quien figura en el expediente de la Operación Coral por el alquiler de un inmueble registrado a nombre de la empresa Único Real State e Inversiones SRL, ubicado en El Portillo, playa Las Terrenas Samaná, situación considerada por el Ministerio Público como de “extrema sospechosa” porque el alquiler sería por 3,000 dólares mensuales y a un subalterno.
Este martes, la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, informó que están investigando a una exdirectora del Conani como parte de las indagaciones del caso Coral.
La magistrada Reynoso no reveló la identidad de la exfuncionaria en cuestión porque hasta el momento no ha sido arrestada, aunque reiteró que la investigación está en curso, agregado que “es terrible el impacto que tiene”, al referirse al presunto robo dinero del Estado “que debe ir a la alimentación y cuidado de niños en situaciones precarias, como los que van al Conani”. Además calificó la acción como “Un crimen atroz y terrible”.
Agregó que los implicados en el Caso Coral llegaron a comprar propiedades millonarias, que incluyen un yate, incluso con fondos sustraídos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, entidad que cuenta con recursos limitados para asistir a menores de edad desvalidos.
También dijo que el imputado en el caso Coral, Rafael Núñez de Aza, aunque no figuraba en los registros públicos, fungió como director financiero de la referida institución, información reportada a mediados del mes pasado.
Su designación en el Conani se dio luego de que el presidente de ese entonces Danilo Medina movió a quien era la titular Kenia Lora Abreu a dirigir el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), luego de que la pasada directora del Inaipi, Berlinesa Franco, renunciara tras un escándalo de irregularidades en el proceso de licitación de 40 mil kits de alimentos valorados en 2,500 pesos cada uno.
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