Facción PRD pide a Medina objetar modificaciones Código Procesal Penal

Milagros Ortiz Bosch, exvicepresidenta de la República y Ramón Alburquerque, expresidente del Senado, hablando en rueda de prensa celebrada en el Instituto Doctor José Francisco Peña Gómez, señalaron que con tal decisión el presidente estaría acorde con sus planteamientos ante la Asamblea Nacional de enfrentar la corrupción y la impunidad a todo costo, liberando las familias dominicanas del mas denigrante de los flagelos sociales, la oprobiosa miseria que padece en la actualidad.

Dijeron que una comisión integrada por Ramón Alburquerque, Milagros Ortiz Bosch, Héctor Guzmán, Belgia Soler y Salvador Ramos, después de tomar en cuenta los claros mandatos a la ciudadanía de la Constitución de la República en sus artículos 2 y 146, y las distintas opiniones de entidades cívicas, medios de comunicación, destacados jurisconsultos, escuelas universitarias de ciencias jurídicas y políticas, líderes nacionales, y del Instituto de Ciencias Penales, concluyó en que:

La sociedad se encuentra alarmada por el alto índice de criminalidad y violencia que vive actualmente, y más aún, porque en lugar de reducirse incrementa cada día, sin que la Policía Nacional, el Ministerio Público y las autoridades en sentido general, demuestren capacidad para enfrentarla exitosamente.

I. Importantes sectores de la vida nacional entienden que el Código de Procedimiento Penal requiere de cambios a fin de dotar las autoridades de un marco jurídico más ágil y eficaz que castigue y reprima los delitos con eficacia.

II. El proyecto de ley aprobado recientemente, motivo de la presente declaración, parece suscitar más preocupaciones que las que intenta solucionar, para lo cual basta con estudiar el amplio listado de objeciones provenientes de casi todos los sectores de la vida nacional.

III. El proyecto es rechazado, sobre todo, porque viola la Constitución en varios aspectos, al establecer la «prisión preventiva como regla, recargar la defensoría pública haciéndole inoperante, establecer la imprescriptibilidad de las penas, mutilar el hábeas corpus, y, juzgar dos veces», entre otros aspectos.

IV. Pero lo más atentatorio del proyecto de Ley, es el hecho de que prohíbe a los ciudadanos querellarse contra funcionarios públicos, que cometan actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones, conforme al artículo 146 de la Constitución de la República.