En el país seguimos con la inútil, ridícula e infuncional práctica de recurrir a crear leyes para prohibir y regular situaciones que, en un ejercicio serio, eficiente y responsable de autoridad debían aplicarse sin dificultad y miramiento alguno.
Es una vergüenza que retrata de cuerpo entero nuestras debilidades institucionales y de autoridad el que se insista en la necesidad de crear una ley para tratar de lograr que los presos no puedan utilizar celulares desde las cárceles para ordenar actos delictivos, como tantas veces se ha denunciado y comprobado.
En primer término, hay que decir que si tuviéramos autoridades penitenciarias que cumplan cabalmente con sus deberes y no se prestaran a ser sobornadas para hacerse de la vista gorda ante hechos indebidos, a ningún recluso se le debiera permitir el uso de teléfonos celulares.
Si esa medida se aplicara eficazmente, no fuera necesario bloquear las señales de los teléfonos celulares en los recintos penitenciarios, pero como los presos se las arreglan para disponer de los móviles y pagan peaje para tenerlos a mano y usarlos sin restricción alguna, entonces se busca implantar el bloqueo de señales mediante una nueva legislación.
Para colmo de males, hasta los legisladores tienen al parecer reticencia en aplicar una medida restrictiva de este tipo, ya que esta es la segunda vez en que se introduce un anteproyecto de ley en esa dirección porque el anterior perimió en el Congreso.
Habría que preguntar ¿qué paso con el primer anteproyecto? ¿Fue engavetado por alguna presión o circunstancia o simplemente por la dejadez en que a veces se actúa frente a iniciativas que debían merecer alta atención y prioridad?
La acción tiene como objetivo frenar los delitos cometidos por reos utilizando sus celulares para disponer actos de sicariato, secuestros y dirigir bandas que se dedican a acciones delictivas para mantener activas las operaciones de organizaciones del crimen organizado.
Este año la policía resolvió 48 casos de estafa cometidas vía telefónica desde seis cárceles del país por 30 internos, contra los cuales han sido solicitadas medidas de coerción, además de otros crímenes relacionados con ejecuciones a mano armada y tráfico de drogas.
El proyecto, depositado por el procurador Jean Alain Rodríguez, indica en esta oportunidad que la pieza ordena a las telefónicas instalar en los recintos penitenciarios, bloqueadores de red y data a los internos.
Insistimos que esto lo que revela es la falta de autoridad en las cárceles y las debilidades tantas veces denunciadas que permiten a los reos, tanto a los que cumplen sentencias definitivas como aquellos que tienen prisión preventiva sujeta a juicios de fondo posteriores, no solo contar con celulares sino también con armas y narcóticos y tratos preferenciales que solo son posibles mediante el pago a autoridades que debían actuar con firmeza y equidad y no en contubernio con delincuentes.
