Por: Ana Paula Gonzalez
Santo Domingo.-La firma norteamericana de abogados Silva & Silva, representara a familiares de víctimas del Jet Set donde fallecieron 232 personas y resultaron heridas 148. Tras una semana de trabajo en República Dominicana, el despacho especializada en desastres y responsabilidad civil, concluyó que la tragedia ocurrida en el centro de entretenimiento Jet Set responde a negligencias graves tanto del sector privado como del Estado dominicano y informo que procederá a realizar acciones legales en Estados Unidos y en el país.
Durante su estadía, los socios principales de Silva & Silva sostuvieron consultas con abogados locales, visitaron el lugar de los hechos, analizaron publicaciones de prensa y escucharon opiniones de expertos en ingeniería, a partir de lo cual establecieron las siguientes conclusiones:
Hecho notorio de negligencia: El colapso del techo del Jet Set provocó la muerte de 232 personas y lesiones a 148, afectando también psicológicamente a una veintena más, entre ellas 20 ciudadanos norteamericanos y una docena de otras nacionalidades.
Negligencia inexcusable: Declaraciones del propietario del establecimiento evidencian una posible negligencia inexcusable en el diseño y mantenimiento del techo, situación que deberá ser confirmada por peritajes de ingeniería.
Falta de imparcialidad en las investigaciones oficiales: Aunque el país cuenta con técnicos de primer nivel en el CODIA y universidades como la UASD, la comisión investigadora está integrada por funcionarios del Gobierno, lo que, según Silva & Silva, podría comprometer la objetividad, dado que el Estado podría ser considerado responsable por omisión en la supervisión de infraestructuras públicas.
Normativa existente ignorada: Pese a la afirmación presidencial sobre un “vacío legal”, existen normas vigentes desde 1944 que responsabilizan al Estado y a los ayuntamientos del control y la supervisión de edificaciones. Además, el Ministerio de Turismo debe inspeccionar anualmente bares, discotecas y otros centros de diversión para conceder licencias de operación.
Investigación independiente: Ante la posible falta de imparcialidad, SILVA & SILVA contratará investigadores forenses estadounidenses, cuyos informes serán puestos a disposición del Ministerio Público dominicano.Situación financiera del Jet Set: La empresa dueña del establecimiento, que generaba al menos 70 millones de pesos mensuales, posee un capital registrado de apenas cien mil pesos, según datos de la Cámara de Comercio. Esto limita severamente las posibilidades de indemnización directa para las víctimas.
Ausencia de póliza adecuada: No se encontró evidencia de una póliza de seguros suficiente para cubrir daños a la infraestructura ni la responsabilidad civil hacia terceros, lo que obliga a buscar compensación del Estado dominicano, que habría incumplido su deber de supervisión durante más de 30 años.
Dificultad de ejecución de condenas patrimoniales: Incluso en caso de obtener sentencias favorables, las condenas patrimoniales contra el Estado dominicano han sido desacatadas en ocasiones recientes, lo que podría complicar la ejecución de indemnizaciones.
Jurisdicción internacional: Se procederá con demandas en Estados Unidos para las víctimas norteamericanas, considerando la nacionalidad de los afectados y el registro de la marca Jet Set en el Estado de Nueva York.
Jurisdicción nacional: Las demandas para víctimas dominicanas se presentarán en República Dominicana, una vez el Ministerio Público concluya sus investigaciones.
Demanda contra el Estado: Independientemente de las acciones penales, se impulsará una acción patrimonial basada en la Constitución y las leyes nacionales, buscando una reparación adecuada para las víctimas.
Asi mismo, ha designado al abogado norteamericano Ben Fernandez para liderar los litigios en EE.UU., mientras que en República Dominicana actuarán los abogados Nolberto Rondón y Carlos Escalante en el área penal. La acción patrimonial será dirigida localmente.
Silva & Silva considera que el Estado dominicano, a través del Poder Ejecutivo o por resoluciones ministeriales, debería ordenar una revisión obligatoria de todas las edificaciones públicas y privadas construidas hace más de 50 años o que hayan sufrido daños por incendios o fenómenos naturales, sin necesidad de nuevas leyes. Además, destaco que se debe exigir a los establecimientos contar con pólizas de responsabilidad civil adecuadas a su actividad y afluencia.
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