Dictan prisión preventiva a dos hombres por tráfico humano
En la solicitud de la medida, el Ministerio Público sostiene que el tráfico ilícito de migrantes, además de que transgrede las leyes del territorio dominicano, constituye un atentado a los derechos humanos de las personas indocumentadas, a las cuales, por demás, se les exige una alta remuneración económica o material,
SANTIAGO– Atendiendo la solicitud de la Fiscalía de Santiago, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de este distrito judicial, impuso la prisión preventiva por espacio de tres meses contra dos hombres, imputados por tráfico humano.
La resolución emitida por la jueza Yerixa Cabral de la Cruz, establece que los imputados Warlin José Núñez y Lenin Omar Pichardo Ortega, deberán cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
La relación de hechos que, representando al Ministerio Público, expuso ante el tribunal la fiscal Heidys de León, indica que el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía, dirigido por el fiscal Juan Osvaldo García, asumió la investigación luego de la detención, en el sector Barrero del municipio Navarrete, de los imputados, a bordo de una jeepeta Toyota modelo Highlander, color blanco, con los cristales ahumados, en la que transportaban, apilados y en condiciones inhumanas, a 22 personas de nacionalidad haitiana, incluyendo a cinco menores de edad, sin documentos de identidad.
En el vehículo había, además, 10 bultos con prendas de vestir y otras pertenencias personales de los indocumentados.
Los procesados fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional en la calle principal de la citada demarcación, un tramo anteriormente utilizado por traficantes para transportar a indocumentados.
Apoyada en las evidencias recolectadas, la representante del Ministerio Público presentó contra los imputados cargos por violación a los artículos 1 literales F y G, y 2 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas en perjuicio del Estado dominicano.
En la solicitud de la medida, el Ministerio Público sostiene que el tráfico ilícito de migrantes, además de que transgrede las leyes del territorio dominicano, constituye un atentado a los derechos humanos de las personas indocumentadas, a las cuales, por demás, se les exige una alta remuneración económica o material, además de que pudieran ser víctimas de otros delitos graves en los que estas estructuras criminales del tráfico incurren, como la trata de personas y la prostitución.
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