Francia impone multa de 250 millones de euros a Google

París. – La Autoridad de la Competencia de Francia anunció este miércoles que impone una multa de 250 millones de euros en el contencioso sobre la remuneración de los contenidos de los medios, ya que considera que en realidad no había voluntad del gigante estadounidense para negociar con éstos.

En su decisión, la Autoridad de la Competencia reprocha a Google haber incumplido el compromiso que asumió en junio de 2021, y en concreto por no haber respetado cuatro de los siete puntos que se habían fijado entonces en el acuerdo entre las dos partes.

Sobre todo, recuerda que la compañía de internet se había beneficiado entonces del procedimiento de la transacción, que implicaba no cuestionar los hechos que se le reprochaban, e incluso había propuesto una serie de medidas correctivas para responder a algunos reproches.

Para el organismo regulador francés, Google ha incumplido en primer lugar las obligaciones que tenía de llevar a cabo negociaciones con los medios «de buena fe, sobre la base de criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios».

Tampoco ha respetado el imperativo de transmitir a los editores o a las agencias de prensa las informaciones necesarias para una evaluación transparente de su remuneración por los derechos afines.

Ni el de tomar las medidas necesarias para evitar que las negociaciones afecten a las relaciones económicas que tiene con esos editores y con las agencias de prensa.

La Autoridad de la Competencia también critica a Google la utilización que ha hecho de su servicio de inteligencia artificial Bard, lanzado en julio de 2023. En primer lugar porque ha utilizado los contenidos de los medios para entrenar esa inteligencia artificial, y eso sin advertir a los medios ni a la propia autoridad.

Y porque a continuación Google no ha propuesto una solución técnica para que los editores y las agencias de prensa puedan oponerse a la utilización de sus contenidos por Bard sin afectar a que en otros servicios de Google sigan apareciendo los resultados de los contenidos protegidos con los derechos afines.

Es decir, que de esa forma el gigante de internet está afectando a la capacidad de los medios para negociar una remuneración, según su análisis.

En una reacción al anuncio de la multa, Google la considera «desproporcionada» porque a su parecer «no tiene suficientemente en cuenta los esfuerzos que hemos desplegado para responder a las diferentes consideraciones en un entorno en el que es muy complicado definir una línea de acción cuando no se puede anticipar una dirección precisa».

Se queja de que no hay «medidas reglamentarias claras» después de la ley francesa de 2019 sobre los derechos afines, y de que las acciones judiciales han hecho más complejas las negociaciones con los editores y le impide «considerar de forma serena (las) inversiones futuras en el terreno de la información en Francia».

La razón que da es que el número de publicaciones y de tipos de contenidos cubiertos por esos derechos no ha dejado de cambiar. Por eso pide «más claridad sobre a quién pagamos y por qué contenido».

Pese a ese descontento, el gigante estadounidense de internet acepta los cambios que le pide la Autoridad de la Competencia en la forma de negociar con el objetivo de cerrar este contencioso «abierto desde hace demasiado tiempo».

«Hemos transigido -señala- porque es hora de pasar página, como lo prueban los numerosos acuerdos con los editores». Su intención es poner un enfoque duradero para «conectar los internautas con contenidos de calidad y trabajar de forma constructiva con los editores franceses».

La sanción de este miércoles es la cuarta decisión de la Autoridad de la Competencia de Francia en cuatro años sobre Google por el uso de contenidos de los medios protegidos por derechos de autor.

Todas derivan de la ley francesa de julio de 2019 que trasponía la directiva europea de abril de ese mismo año, con la que se pretendían establecer las «condiciones de una negociación equilibrada» entre los medios y las plataformas digitales.

En definitiva, el objetivo era diseñar un marco, en favor de la prensa, sobre el reparto de la remuneración por sus contenidos teniendo en cuenta las grandes mutaciones del sector, en particular por el incremento de las audiencias digitales, que se están comiendo a los lectores de prensa de papel, y porque son esas plataformas digitales las que captan buena parte de la publicidad en línea.