En el curso de una sesión especial de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, celebrada la pasada semana, representantes de varios sectores de la economía rindieron testimonio sobre los graves perjuicios que está ocasionando el contrabando, tanto en el normal desenvolvimiento de sus operaciones como al Estado por los cuantiosos ingresos fiscales que deja de percibir.
Ya un tanto anteriormente, la vicepresidenta ejecutiva de la AIRD, licenciada Cilcia Almánzar, había hecho un llamado de advertencia a las autoridades sobre el incremento de estas actividades ilícitas, afectando principalmente a los fabricantes e importadores de cigarrillos, bebidas alcohólicas, en especial whiskies así como medicamentos.
En esa oportunidad, la vocero empresarial afirmó que la presencia en el mercado de esos productos contrabandeados alcanzan un volumen de entre 25 y un 35 por ciento del total comercializado, representando una competencia ilegal y desleal para la industria y el comercio nacional que operan con arreglo a las leyes.
Durante la sesión ante la comisión senatorial, el representante de los productores de cigarrillos, Manuel Cabral, informó que en los últimos tres años y medio el contrabando en ese sector se ha incrementado hasta alcanzar un 26 por ciento. El perjuicio para el Estado por las cargas tributarias dejadas de percibir ascendería a unos mil 500 millones de pesos anuales. Es mas que probable que en cuanto a las bebidas alcohólicos los montos resulten similares o aún superiores.
Una situación similar pero peor aún por sus graves consecuencias que en el caso de esos artículos que clasifican como “recreativos” y son de consumo voluntario, se da en el área de los medicamentos tanto de contrabando como adulterados.
Se trata de una operación peligrosamente potencial para los usuarios que según reveló ante la comisión senatorial, el doctor Jaime Angeles, abogado de la Asociación de Representantes y Agentes Farmacéuticos
(ARAPF), abarca el 12 por ciento de las medicinas que se expenden en farmacias y monta a unos tres mil millones de pesos anuales. Son cifras en las que coincide el presidente de la Unión de Farmacias, agregando que el mercado ilegal incluye la venta de medicamentos donados por otros países, así como farmacias que operan sin la debida licencia.
Se recuerda que la propia PROMESE ha sido blanco de estas operaciones ilícitas, con la adquisición, al menos en un caso comprobado, de decenas de millones de pesos en medicamentos vencidos y reetiquetados, lo que dio lugar a un proceso penal que fue transado por la fiscalía mediante el pago de una elevada multa y una compensación por decenas de millones de pesos al Estado.
Aparte de que la comercialización de medicinas adulteradas y de contrabando afecta los intereses legítimos de los fabricantes locales e importadores que operan bajo registro sanitario, resalta como elemento agravante, el serio riesgo que comporta su consumo para la salud y la vida misma de los usuarios.
Desde hace dos décadas, la ARAPF ha mantenido a un costo millonario un programa de detección de medicamentos ilegales. Trabajando de conjunto con las autoridades se han podido ocupar importantes alijos de medicinas falsificadas. En más de una ocasión, se ha debido enfrentar a intereses poderosos y personajes influyentes detrás de estas turbias operaciones.
Incidentalmente vale señalar que la comercialización de medicamentos ilegales a nivel mundial es estimada en la impresionante cifra de entre 50 mil hasta 80 mil millones de dólares anuales. En reiteradas ocasiones, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos relacionados han reclamado acciones más enérgicas por parte de los gobiernos para enfrentar este flagelo.
Una idea aproximada de la extensión de esta actividad criminal en el plano local, que figura sancionada en el Código Sanitario con la aplicación de elevadas multas y fuertes sanciones de hasta 10 años de prisión, la acaba de dar la Ministra de Salud, revelando que en los últimos 15 meses han sido sometidos a la justicia 58 laboratorios por falsificación de medicamentos. Las autoridades sanitarias, sin embargo, no han ofrecido los nombres de los mismos para que sirvan de advertencia y orientación a la población. Tampoco se ha informado si se les ha retirado la licencia para operar, ni ha trascendido que alguno de estos casos haya sido penalizados en los tribunales.
El contrabando es una actividad ilícita, representa una competencia desleal para la industria y el comercio que opera dentro del marco legal y ocasiona perjuicios por miles de millones de pesos al Estado por impuestos dejados de cobrar. Pero resulta más condenable en el caso de los medicamentos cuyo consumo, como señalamos antes, más que una estafa al usuario compromete su salud y puede comportarle un serio riesgo de muerte.
Ponerle freno debe ser asumido como una tarea de alta prioridad para las autoridades en función del interés público, de los sectores económicos afectados y del perjuicio que recibe el fisco por los impuestos evadidos, del mismo modo que debe serlo para la Justicia con la aplicación de las más fuertes sanciones a los responsables de estas actividades delictivas por parte de los tribunales.