Santo Domingo.- El
Gabinete Social del pasado gobierno catalogó como una falta a la realidad el
alegato de las actuales autoridades gubernamentales, de que la inclusión de
personas que no figuraban en la base de datos significa una erogación que se
realizó sin “ninguna base técnica”.
“En su discurso del miércoles 25 de marzo el Presidente de
la República, Danilo Medina, recalcó que el programa Quédate en Casa era “para
los trabajadores informales de menores ingresos y las familias en condiciones
de vulnerabilidad…”, manifestó la anterior administración del Estado.
Precisaron, que a la opinión pública en una rueda de prensa el
23 de abril del 2020, la ex Vicepresidenta y pasada Coordinadora del Gabinete
Social anunció la ampliación del programa Quédate en Casa para incluir sectores
informales que no se encontraban beneficiados por las ayudas sociales y no
disponían de empleo formal.
“A partir de dicha rueda de prensa, se habilitó un
formulario en el portal web quedateencasa.gob.do, para que todo el que
entendiera que calificaba para el programa por sus condiciones sociales,
pudiera facilitar sus datos y ser validado en diversas bases de datos,
incluyendo la del Sistema Único de Beneficiarios”, sostienen.
Informaron también, que se habilitaron canales para que
instituciones públicas y privadas, personalidades de la vida pública e
interesados, pudieran enviar listados para fines de ser validados y
contrastados con las diversas bases de datos.
En un comunicado enviado a los medios de comunicación, el
Gabinete Social del Gobierno de Medina, expresó, que se dio respuesta a varias
correspondencias remitidas a la comisión presidencial para atender al COVID y
directamente al Gabinete Social. Algunas de las instituciones que podemos
mencionar son las siguientes: ACROARTE, Sociedad Dominicana de Medios
Digitales, Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes, Pastores
de Iglesias Cristianas, FENATRADO, diversas Asociaciones de Choferes del
Transporte Público, Confederación Nacional de la Unidad Sindical, miembros del
Congreso Nacional, diversas asociaciones sin fines de lucro, asociaciones de
buhoneros, domésticas, saloneras y muchos otros más. En todos los casos, los
listados fueron cruzados con las diversas bases de datos y solo se habilitaron
los que calificaron.
“Este proceso fue explicado en detalle y con ejemplos en
rueda de prensa del 29 de abril del 2020, donde incluso se mostraron ejemplos
de personas que habían reclamado al ser excluidas del programa y otras que no
calificaban para el mismo”, enfatizaron.
Dicen, que aquellos que no formaban parte de la base de
datos del SIUBEN, pero que aspiraban a formar parte del programa, serían
revisados en las bases de datos de la Tesorería de la Seguridad Social, del
programa FASE y del programa Pa’ Ti, para evitar duplicidades. Y que, además,
se verificaría si eran parte del hogar de algún otro beneficiario. “Estos
procesos se repetían antes de cada ciclo de pago para asegurar una base de
datos lo más diáfana posible”.
Manifestaron, que las personas adicionales que no estuviera
en la base de datos del SIUBEN, tenían que cumplir los requisitos siguientes:
(a) No ser miembro de un hogar que ya fuera beneficiado por el programa Quédate
en Casa; (b) No ser beneficiario de los programas FASE o Pa’ Ti; (c) Que no
existieran observaciones a su cédula en el maestro de cedulados de la Junta
Central Electoral.
Indicaron, que en adición a las 70 mil familias adicionales
incluidas, se procedió a la sustitución de 45,000 familias de la base de datos
del SIUBEN, que originalmente fuero incluidas, pero que luego de un mes no
habían consumido el subsidio Quédate en Casa, lo cual también fue anunciado
públicamente.
Recomendaron, que si persisten inquietudes sobre el destino
de estos recursos, la Coordinación del Gabinete Social puede requerir a las
empresas procesadoras de pagos (CARDNET y VISANET), que remitan el detalle de
las transacciones de todos los beneficiarios del programa Quédate en Casa,
indicando el lugar en el cual realizaron sus transacciones y uso de fondos
correspondientes.
La pasada administración aclara, que los fondos que no son
utilizados por los beneficiarios retornan al Estado mediante un procedimiento
administrativo habilitado a tales fines, validado por el Ministerio de Hacienda
y los organismos de control interno.