SANTO DOMINGO. A través de los cuatro casos de corrupción administrativa durante el Gobierno de Danilo Medina, denominados Antipulpo, Medusa, Coral 5G y Calamar, les fueron sustraídos al Estado alrededor de 35 mil millones de pesos, según datos presentados por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
En el combate judicial contra la corrupción administrativa, el Pepca ha apostado por una estrategia de delación premiada, mediante la cual acuerda penas menores para sometidos por iguales cargos de corrupción, con el propósito de reunir pruebas suficientes que permitan las condenas dignas para aquellos considerados como jefes y mayores responsables de la red corruptas que se movió para desfalcar las arcas del Estado.
Hasta ahora han sido negociados 30 acuerdos de culpabilidad que identifican personas físicas y a las personas jurídicas que representan. Todos los delatores se comprometen a testificar respecto a la información que conocen y a los involucrados que se constituyeron en asociación de malhechores en perjuicio del Estado dominicano. Además, se comprometen a continuar colaborando en las pesquisas que se llevan a cabo respecto a sus casos, so pena de que el acuerdo sea rechazado.
Asimismo, se prevé que en atención al nivel y naturaleza de involucramiento del imputado, se le condene o no a una retribución económica al Estado a través del decomiso, a la devolución, en algunos casos, de manera “voluntaria” de los fondos robados. Y también a multas, o prisión suspendida. Algunas de los delatores no pagarán en ningún caso.
De los 35 mil millones de pesos pactados mediante los acuerdos, ya han sido obtenidos aproximadamente 2,579,355,744 pesos y 917,000 dólares, y bienes.
CASO ANTIPULPO
Este caso es uno de los más emblemáticos. Involucra a 22 entidades públicas y a figuras de alto perfil, entre ellas a dos hermanos del entonces presidente Danilo Medina, Juan Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez; al exdirector de la OISOE, Francisco Pagán, el exministro de Salud Lorenzo (Freddy) Hidalgo, al excontralor Rafael Antonio Germosén Andújar, entre otras personas. En este caso, el perjuicio contra el Estado fue de aproximadamente 4 mil millones de pesos.
Llegaron a acuerdos:
Francisco Pagán acordó devolver un total de 37.7 millones de pesos, 3,399 tareas en Tamayo y una yipeta BMW X5 del año 2017. Fue multado con 1 millón de pesos y se le eximió de prisión.
Lewyn Ariel Castillo Robles, sin embargo, no devolvió dinero ni bienes, pero recibió una pena de 3 años de prisión suspendida.
Domingo Antonio Santiago Muñoz devolvió una vivienda en el condominio Fishing Lodge en Cap Cana, aunque no se especificaron montos adicionales ni multas.
Julián Esteban Ariel Suazo devolvió 14.1 millones de pesos y 917 mil dólares, además de varias armas y proyectiles. Fue multado con 200,000 pesos y recibió una pena combinada de prisión y libertad condicional.
CASO MEDUSA
En este proceso judicial, el organismo persecutor y acusador imputa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos. El grupo habría desfalcado al Estado con más de RD$6,000 millones. Este caso destaca por la supuesta participación del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, junto a una red de sobornadores en la malversación de fondos del sistema penitenciario.
Aquí negociaron:
Fausto José Salterio, quien recibió una multa de 722,744 pesos y una pena de 3 años de prisión suspendida.
Felipe Armando Fernández de Castro Asencio no devolvió dinero ni bienes, y no recibió multa ni pena.
Giselle del Carmen Molano Frías no devolvió dinero ni bienes, y no recibió multa ni pena.
Francisco Arturo Santos Gómez devolvió una superficie de 1,500 metros cuadrados en Santo Domingo y fue multado con 722,744 pesos. Recibió una pena de 3 años de prisión suspendida.
Hilda Cristina Jackson Mallol fue multada con 722,744 pesos, sin devolución de dinero ni bienes, y no recibió pena.
Jeny Marte Peña fue multada con 300 salarios mínimos del sector público y recibió una pena de 5 años de reclusión (parte en libertad condicional).
José Alberto Abbot Brugal fue multado con 722,744 pesos, sin devolución de dinero ni bienes, y no recibió pena.
José Antonio Santana Julián devolvió 4.9 millones de pesos y fue multado con 1 millón de pesos, sin recibir pena.
Lisandro José Macarrulla Martínez devolvió 124.3 millones de pesos y un inmueble en el Condominio Torre M Naco, además de una multa no especificada. Recibió una pena de 3 años de prisión suspendida.
Mercedes Camelia Salcedo Disla no devolvió dinero ni bienes, y no recibió multa. Su pena fue de 3 años de prisión suspendida.
Rafael Salvador Rasuk, Reynaldo de Jesús Santos de la Cruz, Sean Hudson Dwiggins, Carlos Augusto Guzmán Oliver, y Carolina Pimental Bonifacio fueron multados con 722,744 pesos y penas de 3 años de prisión suspendida. Ricardo Antonio Carrasquero Frías fue multado con 100,000 pesos, y junto a Frías Pimental Bonifacio, no recibieron pena de prisión.
Cesarión Morel Grullón devolvió un inmueble de 6,511 metros cuadrados en Montecristi, valorado en 16.2 millones de pesos, y recibió una pena de 1 año y 6 meses de prisión suspendida.
Daniel Enrique Vásquez Féliz fue multado con 722,744 pesos y recibió una pena de 3 años de prisión suspendida.
F y F Eze Import fue multada con 722,744 pesos, sin devolución de dinero ni bienes, y no recibió pena.
CASO CALAMAR
En este caso, el Ministerio Público presentó cargos de corrupción contra los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo. Señala que utilizaron seis instituciones públicas, más el banco de Reservas para estafar al Estado con más de 21 mil millones de pesos.
En este caso se beneficiaron de la delación premiada los siguientes individuos:
Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo) acordó devolver 715 millones de pesos pagaderos en efectivo y bienes inmuebles.
José Arturo Ureña Pérez devolvió 500 millones de pesos mediante cheques.
Fernando Crisóstomo Herrera devolvió 1,101 millones de pesos en efectivo y bienes inmuebles.
Camilo Nadrés Peña Hernández devolvió 1.7 millones de pesos.
Baldemar Andriw Ovalle Sánchez devolvió 32 millones de pesos.
Belkiz Antonia Tejada Ramírez devolvió un inmueble de 583 metros cuadrados de dos niveles, con anexos y un apartamento en el Condominio Canó 92, en el Distrito Nacional, El Millón.
Caso Coral 5G
La supuesta red de militares del entramado de corrupción administrativa desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos RD$4,500 millones en propiedades y productos financieros, según la investigación del Ministerio Público y se le ha ocupado hasta el momento 125 propiedades. Este caso involucra a Adán Cáceres, jefe del Cuerpo de Seguridad del presidente Danilo Medina, y otros funcionarios acusados de diversos cargos de corrupción.
Negoció
En este caso solo la razón social Meljo Comercial EIRL, a través de César Félix Ramos Ovalle, quien devolvió 18 millones de pesos. La empresa fue multada con el equivalente a 3 mil salarios mínimos.
El propósito
En todas estas tratativas, el gobierno pretende recuperar al menos RD$35 mil millones. ¿Lo conseguirá?