BUENOS AIRES, Argentina.- En una extensa conferencia de prensa en Buenos Aires, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, Sergio Bergman, señaló que se han constatado «elementos suficientes» para hacer una denuncia en términos de una «presunción de delito».
El pasado 14 de septiembre, Barrick Gold informó que seis días antes se registró un derrame de solución cianurada en la mina, ubicada en la provincia de San Juan, apenas un año después de producirse, en septiembre de 2015, un incidente similar en el mismo lugar que provocó gran polémica y que sigue investigando la Justicia.
Tras el segundo hecho, se ordenó cautelarmente la paralización de la actividad de la mina y el Gobierno nacional envió una comisión para realizar un estudio «de campo» con la toma de muestra y comprobación de los informes técnicos y documentación entregada por la empresa.
«Si pasó el 8 (el derrame) y la primera notificación formal (por parte de la empresa) es el 12, ya esa ventana de imprecisión alcanza para que nosotros denunciemos, y será la Justicia la que efectivamente hubo un delito, dolo, negligencia o irresponsabilidad», remarcó hoy Bergman.
Es así que el alto funcionario anticipó que la denuncia será presentada el jueves «en función del incumplimiento del protocolo en términos de que lo que aconteció» en las últimas semanas.
Además, subrayó que el ministerio pide también a la Justicia que de manera preventiva haga una ampliación de la interrupción de la actividad de la explotación minera y tome pruebas en términos de monitoreo y control que desde la cartera entienden «imprescindibles».
«La propia incumbencia que nosotros tenemos no tiene que ver con la explotación minera, que está dentro de la jurisdicción de la provincia de San Juan, (sino que) tiene que ver con residuos peligrosos, donde la empresa tiene abierto un expediente en el ministerio», argumentó Bergman.
El jerarca agregó que la compañía «no tiene autorización para movilizar residuos peligrosos fuera de la jurisdicción de la provincia», pero que «dado que el expediente está activo», el ministerio «tiene participación para inspeccionar y controlar el manejo, «fundamentalmente lo que tiene que ver con el cianuro».
Esta semana se realizó un allanamiento ordenado por la Justicia en el Ministerio de Ambiente, que entregó documentación sobre las actuaciones del Gobierno desde el primer derrame de cianuro.
A la par, la Corte Suprema de Argentina pidió el martes pasado informes al Gobierno de la provincia de San Juan respecto a los dos derrames.
El derrame de septiembre 2015 -causado por un fallo en el circuito de transporte- supuso una multa para la minera canadiense de 145,7 millones de pesos (unos 9,5 millones de dólares) y el procesamiento judicial de nueve de sus responsables en Argentina.
En aquella ocasión, el vertido alcanzó los 1.072 metros cúbicos de solución cianurada y, según el expediente judicial, hubo contaminación de los ríos Potrerillos, Las Taguas y La Palca, ubicados en la zona cercana a la mina de extracción de oro.
Ahora, el más reciente incidente, según explicó la empresa, fue producto del «desacople de una cañería» -que se habría producido por el impacto de un trozo de hielo- sin que hubiera «contacto con ningún curso de agua ni con canales de desvío, de acuerdo con las investigaciones preliminares».
Asimismo, igual que en esta ocasión, Barrick Gold sostuvo que el primer derrame no supuso un riesgo para la población.
El pasado viernes, el ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensell, descartó que se hubiera producido contaminación en los lugares de peligro como canales de agua después de un examen realizado en la zona por inspectores y funcionarios del Ejecutivo provincial.
Este nuevo derrame ha avivado las fuertes protestas que vecinos de la localidad de Jáchal -en las cercanías de Veladero- llevan realizando desde el incidente de 2015.
En declaraciones al diario La Nación, Juan Bautista Ordoñez, la máxima autoridad de Barrick Gold en Argentina, hizo un «enorme pedido de disculpas» a la comunidad de San Juan y reconoció que el nuevo derrame «no debió haber ocurrido».
Reconoció que respecto del incidente de hace un año, el último fue «muy menor», porque en el anterior «hubo líquido» y en el más reciente «lo que cayó fue material, rocas, impregnadas de ese líquido».
Sin embargo, asumió que «sin duda es un incidente grave».
«Porque no nos podemos permitir que haya ocurrido», sentenció.
