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Gobierno de Ecuador se queda sin dos de las ocho preguntas para el plebiscito

De acuerdo a la resolución emitida por la Corte Constitucional, esas dos preguntas "no se pueden tramitar por enmienda", e indicó que "podrían tramitarse, al menos, por vía de reforma parcial" de la Constitución.

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REDACCIÓN.- La Corte Constitucional de Ecuador no validó este jueves dos de las ocho preguntas presentadas por el Gobierno para formar parte de la consulta popular que pretende convocar sobre cambios en la Constitución en materia de seguridad, instituciones y medio ambiente.

Las preguntas que no fueron aceptadas para ser parte de la consulta popular son las referentes a permitir la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado como apoyo a la Policía y a dejar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) sin posibilidad de designar autoridades.

De acuerdo a la resolución emitida por la Corte Constitucional, esas dos preguntas «no se pueden tramitar por enmienda», e indicó que «podrían tramitarse, al menos, por vía de reforma parcial» de la Constitución.

En relación con la pregunta sobre las Fuerzas Armadas, la Corte consideró que parte de la estructura fundamental de la Constitución, y de los elementos constitutivos del Estado, es la separación funcional entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Respecto de la pregunta sobre el Cpccs el tribunal estableció que el nuevo mecanismo de selección de autoridades altera el principio republicano de Gobierno, al modificar el sistema de pesos y contrapesos de los poderes del Estado.

El resto de preguntas validadas por la Corte Constitucional por vía de enmiendas son relativas a permitir la extradición de ciudadanos ecuatorianos requeridos por narcotráfico y crimen trasnacional en otros países y garantizar la autonomía de la Fiscalía en la selección, evaluación y sanción de sus funcionarios.

También fueron aceptadas las preguntas para reducir el número de asambleístas, exigir un número mínimo de afiliados a los partidos políticos, incorporar un subsistema de protección hídrica al sistema nacional de áreas protegidas y crear mecanismos de compensación económicas para personas que generen servicios ambientales.

Tras conocer la decisión de la Corte Constitucional, el Ministerio de Gobierno indicó en un comunicado que el equipo jurídico de la Presidencia está revisando el dictamen y analizando las próximas acciones.

Antes de que la Corte dictase su fallo, el Gobierno ya había anticipado que se reservaba la opción de incluir en la lista de preguntas otras dos más que no suponían cambios en la carta magna.

Un reciente sondeo elaborado la semana pasada por la encuestadora Ipsos apuntó a un amplio apoyo por parte de la población a las ocho preguntas planteadas inicialmente por el Ejecutivo, cuya aprobación iba del 67 % al 86 % entre los 2.490 entrevistados, con un margen de error del 1,9 %.

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