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Gobierno español asegura “no tiene nada que ver” en coacción a Edmundo González en su embajada

Se desligan

El líder opositor denuncia en un vídeo las “presiones” para firmar el documento compartido por el régimen chavista que tuvo que refrendar para permitir su salida del país.

Momento en que Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez obligan a González Urrutia a firmar el reconocimiento de la la victoria de Nicolás Maduro. Foto fuente externa.
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Redacción internacional.- “El Gobierno de España no tiene nada que ver con cualquier documento o negociación entre Edmundo González y el Gobierno de Venezuela”, señalan a Infobae España fuentes oficiales de Exteriores acerca de la polémica “renuncia” del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, que según ha narrado él mismo, fue bajo “coacción, chantaje y presiones” durante su estancia en la residencia del embajador de España en Venezuela, antes de abandonar Caracas para llegar a Madrid.

En un vídeo, González hacía referencia al texto difundido este miércoles por el régimen chavista, en el que el dirigente opositor informaba a las autoridades su decisión de solicitar asilo en España y decía “acatar” el fallo judicial que convalidó la reelección de Nicolás Maduro. Este texto de dos páginas, fechado el 7 de septiembre y dirigido al jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, fue compartido por el ministerio de Comunicación del régimen en un grupo de Telegram.

También, el régimen chavista compartió una imagen del propio González firmando el documento ante la presencia del presidente de la Asamblea Nacional y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, quienes se presentaron en la residencia del embajador español en Caracas, Ramón Santos, “con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias”, añadió el ex diplomático que fue candidato presidencial de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y sobre quien pesa una orden de captura tras los comicios, acusado de instigación a la desobediencia de leyes, conspiración y otros delitos.

González denuncia “coacción, chantaje y presiones”

Por su parte, el Gobierno español alega que “cuando Edmundo González solicitó ser acogido en la residencia del embajador español, tuvo la garantía de que podía verse o realizar las gestiones que decidiera hacer en relación con su situación”. Asimismo, según estas fuentes oficiales, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, “dio instrucciones directas al embajador de no inmiscuirse en las gestiones que pudiera realizar el líder opositor”, apostillan estas voces.

En el marco de esa visita, el líder opositor detalló que, mientras estaba en la sede diplomática en la capital venezolana, “hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones”. “En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir las tareas que me encomendó el soberano”, añadió. Por ende, “un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta, por un vicio grave en el consentimiento”, manifestó González Urrutia, quien no baja los brazos: “Lo que deberían estar divulgando son las actas de escrutinio. La verdad es lo que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar”, pronunció en su mensaje.

“Como Presidente Electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy”, dijo. También, celebró que la comunidad internacional continúe incrementando su “respaldo a la voluntad soberana del pueblo venezolano”: “No van a callar a un país que ya habló. Millones de venezolanos tienen la voluntad de cambio y yo voy a cumplir con ese mandato”, zanjó.

Al respecto, cabe señalar que el Senado español, con el apoyo de Vox y Junts (el PNV no participó en la votación esta vez), se sumó al Congreso y aprobó instar al Gobierno a reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela y a promover ante el Tribunal Penal Internacional una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros “sospechosos” de crímenes de lesa humanidad.

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