Por: Julio Caraballo
SANTO DOMINGO.- Pese a tenerlo en la agenda de este martes, la Cámara de Diputados dejó para mañana miércoles la discusión del informe en el que una comisión especial presenta cargos por manejo inadecuado de presupuesto y otra docena de cargos contra los miembros de la Cámara de Cuentas.
Ante las objeciones presentadas por los mayores partidos de oposición, que insisten en que el PRM ha comprado a algunos diputados, el presidente de la comisión especial los señala por intentar boicotear un juicio político a los miembros de órgano fiscalizador.
Los diputados tienen dos semanas para acusar ante el Senado a los miembros de la Cámara de Cuentas.
La decisión ha generado enfrentamientos verbales entre oficialistas y opositores que tienen discrepancias en someter o no a un juicio político todos los integrantes del organismo fiscalizador de las cuentas nacionales.
Los opositores dicen que el PRM quiere colocar titulares que respondan a sus intereses, por eso tienen un informe disidente.
“Lo que pasa en la Cámara de Cuentas, Hay un interés del Gobierno de poner a su gente un año en víspera de elecciones algo que es nefasto”, dijo Hamlet Melo, diputado por la Fuerza del Pueblo.
De su lado Juan Julio Campos: “El Partido de la Liberación y su bloque van a presentan un informe disidente”
El presidente de la Comisión Especial que la oposición se contradice con la posición que han fijado.
“Entendemos que la posición es política y han saboteado el proceso ellos pidieron el juicio político y cambiaron de discurso y echaron para atrás”, declaró Rogelio Alfonso Lanza, presidente de la Comisión Especial
El Partido Revolucionario Moderno respalda el juicio político y acusa a sus contrarios de perpetuar la inoperancia del organismo fiscalizador del Estado.
“El país necesita una Cámara de Cuentas, competente, independiente y confiable…como se pueda observar en el informe los miembros de la Cámara de Cuentas han cometido faltas graves”, expresó Eddy Olivares.
Si el oficialismo consigue los votos necesarios en la Cámara baja, el Senado debe poner fecha para el juicio político.
Todo esto sucede cuando faltan dos semanas para termine la primera legislatura ordinaria de 2023.