Gran expectativa ha suscitado en diferentes sectores la primera iniciativa fruto del proyecto denominado Alianza Pública Privada entre el Gobierno y entidades privadas para lograr mayores niveles de competitividad y productividad de los entes económicos del país.
En principio hay que saludar como positiva todas las acciones que se emprendan, de forma concertada y consensuada, para mejorar programas que son de interés nacional y que están llamados a impactar la economía.
Esta unidad de propósitos merece estímulo y reconocimiento porque hay que fomentar en el país una cultura de unidad, en la búsqueda del mejoramiento en la vida institucional en diferentes órdenes. La dualidad y dispersión de esfuerzos es un vicio dañino que merece ser revertido con planes conjuntos.
Uno de los aspectos que ha llamado más atención a este respecto es el anuncio de que como resultado de esta alianza estratégica se prepara un proyecto de ley para normar concesiones de puertos, aeropuertos e infraestructuras como tierras para destinos turísticos.
Se ha llegado incluso a hablar de la posibilidad de corregir errores en concesiones futuras, un tema que en los últimos años ha sido objeto de debates y enmiendas y que ha llegado a reformulaciones por el carácter perjudicial al país en algunos casos.
Dirigentes empresariales han adelantado que el anteproyecto de Ley que ha sido consensuado entre el Gobierno y los principales núcleos empresariales, está casi listo para ser sometido a la consideración de las cámaras legislativas.
Es igualmente importante que se le dé el debido seguimiento a las iniciativas del Consejo Consulto del proyecto, dado a conocer recientemente en el Palacio Nacional en una reunión del presidente Danilo Medina con representantes del empresariado.
Este Consejo se encargará de identificar acciones y reformas estructurales que permitan lograr un aumento significativo de la competitividad nacional, para que a corto plazo se logre mantener a la República Dominicana entre los países que ofrecen un buen clima para los negocios.
Es de esperar, pues, que este proyecto sea estudiado con detenimiento por los legisladores y que de ser encontrado viable, se traduzca en acciones provechosas al interés general, sin posibilidad de quedar reducido a una disquisición retórica.
