Cuando se fragua un atentado para tratar de silenciar la pluma y las voces de periodistas responsables e independientes, la sociedad tiene que preocuparse y a las autoridades toca actuar para impedir que se cometa tal desafuero.
A la sociedad en primer término, porque el fin último de tramas de este tipo es privar a sus ciudadanos de la posibilidad de recibir informaciones críticas sobre temas fundamentales de interés nacional.
En otras palabras, lo que se busca es imponer el silencio y el chantaje para que no afloren a la opinión pública los atropellos y las irregularidades que cometen quienes actúan al margen de la ley y malversan fondos públicos.
Asimismo, los enemigos de la libertad persiguen por diferentes medios infames y perversos, denostar a aquellos que, en el ejercicio de un periodismo comprometido con la verdad y ajeno a influencias perniciosas, mantienen posiciones diferentes a las visiones discutibles y particulares que algunos buscan imponer en provecho de intereses particulares y en algunos casos espurios.
Esto es precisamente lo que está pasando en este momento con los reputados periodistas Huchi Lora y Juan Bolívar Díaz, amenazados de muerte en panfletos mandados a imprimir por una denominada red de lucha por la soberanía nacional.
¿Quiénes están detrás de esta infamia y qué sectores han incurrido en la grave falta de facilitar una cuantiosa suma para financiar estos mensajes de perversidad contra dos distinguidos comunicadores que prestan un valioso servicio al periodismo, a la libertad de expresión y al derecho que tiene la gente de recibir y dar informaciones sin restricción de ninguna índole?
A lo largo de sus dilatadas carreras, ambos se han destacado por defender con altura sus opiniones y nunca han descalificado a nadie para que no diga su verdad o sustente una posición sobre un tema determinado porque son respetuosos del parecer de los demás y creen en el disenso como parte esencial de la democracia.
Estamos, pues, no sólo ante un intento de coartar el libre ejercicio periodístico, sino en un abierto atentado al derecho de la sociedad a ser informada con amplitud y seriedad.
Al Ministerio Público, que ha sido formalmente apoderado de la denuncia, le toca actuar con prontitud y drasticidad porque está en juego la integridad física de dos valientes periodistas que sólo han cometido, según sus pretendidos detractores, el pecado de oponerse a la controvertida sentencia del Tribunal Constitucional, como si aún viviéramos en la Inquisición o estuviéramos sometidos a los dictados de un régimen dictatorial.
Estas ínfulas de radicalismo, fanatismo e intolerancia tienen que ser detenidas y enfrentadas con firmeza porque buscan privar al país del derecho a estar debidamente enterada, sin pautas preestablecidas ni excluyentes, de todo lo que sea de interés para defender la libre expresión y oponerse a cualquier intento de imponer una cultura de muerte y silencio.
