SANTO DOMINGO.- El caso Medusa ha generado nuevas tensiones entre la Procuraduría General de la República y la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, tras la decisión del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional. Mientras la Procuraduría celebra lo que considera una «victoria contundente», la defensa de Rodríguez acusa a la institución de emitir información falsa y vengativa.
El consejo de defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, encabezado por Carlos Balcácer y los licenciados Gustavo Biaggi y Nelys Rivas, emitió una declaración acusando a la Procuraduría de mentir sobre la legalidad de los bienes de su cliente y sobre la decisión del tribunal. Según la defensa, el juez Amauri Martínez confirmó en video que todos los bienes de Rodríguez tienen un origen lícito, basado en su actividad profesional previa a su función como procurador.
En el video, el juez Martínez habría justificado su decisión con tres argumentos principales: primero, que las pruebas presentadas por la defensa demostraban el origen lícito de los pagos; segundo, que las fechas de adquisición de los bienes son anteriores a la designación de Rodríguez como Procurador; y tercero, que un perito judicial comprobó el origen lícito de dichas adquisiciones. La defensa subraya que bienes como la residencia familiar en La Romana, un yate y un lujoso local de oficinas fueron adquiridos antes de su gestión como Procurador y con fondos legítimos.
Por su parte, la Procuraduría General, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), presentó una versión distinta de los hechos. En su comunicado, la institución destacó que el juez del Tercer Juzgado de Instrucción rechazó la devolución de los bienes de Rodríguez por considerar que estos podrían ser decomisados en el juicio. Según el Ministerio Público, la apertura a juicio por lavado de activos, soborno y otros delitos graves incluye la acusación de que Rodríguez utilizó fondos extraídos ilícitamente de la Procuraduría General para adquirir bienes millonarios que no declaró en sus declaraciones juradas de bienes.
Wilson Camacho, titular de Pepca, calificó la decisión del juez como una «victoria contundente» para el Ministerio Público. La acusación contra Rodríguez incluye enriquecimiento ilícito y otros actos de corrupción durante su gestión, periodo en el cual, según el expediente, se malversaron seis mil millones de pesos. En el caso, además de Rodríguez, están acusadas 41 personas físicas y 22 empresas.
Mientras la defensa de Rodríguez insiste en la legitimidad de los bienes y acusa a la Procuraduría de actuar con venganza, el Ministerio Público se mantiene firme en su posición de que estos bienes están vinculados a actos de corrupción.