Henry Molina.
La Justicia Social debe ser la base esencial de todo Estado que aspire al progreso. Cada uno de los ciudadanos que conforman una sociedad determinada tiene el derecho a reclamarle a ésta que le provea las condiciones y la infraestructura necesarias para alcanzar, mediante su trabajo y esfuerzo honesto, una existencia digna. En condiciones ideales, este esquema relacional debería poder ser trasladado a los vínculos entre naciones.
En general, podemos decir que las relaciones entre los países ricos y desarrollados y los países pobres se llevado a cabo en condiciones desventajosas para estos últimos, por ser nexos que se han establecido sin un criterio de Justicia Social.
Hoy en día, las comunidades internacionales, bien sean de índole político o económico, funcionan como supra-sociedades para sus miembros y, como tales, deberían ser capaces de garantizar que todas y cada una de las naciones que las conforman puedan, mediante su trabajo y esfuerzo, proveer una existencia digna y humana para todos sus ciudadanos y canalizar su propio progreso.
Decenas de naciones en todo el mundo son incapaces de brindar a sus ciudadanos soluciones en aspectos tan básicos como alimentación, educación, salud, un hábitat digno y la oportunidad de un empleo. Estos derechos sociales son su vez derechos que posee cada pueblo frente a la comunidad internacional a la que pertenecen. En el siglo XXI, se entiende que todo pueblo tiene derecho al desarrollo económico y social.
Sólo podremos hablar de una Justicia Social Internacional cuando a cada nación del mundo se le abran las puertas para alcanzar, mediante el trabajo de sus ciudadanos, las metas indispensables que posibiliten su desarrollo.