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Hacinamiento carcelario y uso exceso de prisión preventiva persisten en RD, según la CIDH

La CIDH incluyó en su documentación la cárcel de La Victoria, Baní, Azua, San Juan de la Maguana y Barahona como ejemplo de los centros penitenciarios se destacan por el hacinamiento, mismo que también fueron citados por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP).

Hacinamiento carcelario, el uso excesivo de la prisión preventiva y las situaciones de precariedades, se incluyen en las preocupaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Foto: fuente externa.
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Santo Domingo.- El hacinamiento carcelario, el uso excesivo de la prisión preventiva y las situaciones de precariedades, se incluyen en las preocupaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitidas en su informe sobre el desarrollo que tuvieron los países con relación a los derechos humanos en el 2023.

La CIDH incluyó en su documentación la cárcel de La Victoria, Baní, Azua, San Juan de la Maguana y Barahona como ejemplo de los centros penitenciarios se destacan por el hacinamiento, mismo que también fueron citados por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP).

Según los datos del World Prison Brief (WPB) del 31 de julio de 2023, la tasa de hacinamiento era 163,4%.

También aseguran que existe un empleo excesivo de la prisión preventiva, la cual se presenta como una de las principales causas de este fenómeno, cuya tasa de aplicación, al 31 de julio de 2023, era del 58%.

De acuerdo con los datos de la Oficina Nacional de Defensa Pública, los problemas que persisten en el sistema carcelario se caracterizan por la falta de atención médica, ausencia de medicamentos para personas con enfermedades terminales, así como la falta de provisión de colchones para el 40% de la población penitenciaria en las cárceles del modelo tradicional, el corto personal técnico, de custodia.

En cuanto a los centros de reclusión del Salcedo, Nagua y Samaná sostiene que no existe una “separación efectiva” entre hombres y mujeres.

También, pone sobre la mesa de preocupaciones sobre la detención de adolescentes que se caracteriza por un uso excesivo de la prisión preventiva, así como los desafíos en materia de reinserción social.

En este sentido, los datos de la Oficina Nacional de Defensa Pública detallan que de los 323 adolescentes privados de libertad a marzo de 2023, el 61% se encontraba sujeto a encarcelamiento preventivo. Respecto a la reinserción social, la misma fuente indica que “no se está trabajando para su rehabilitación, educación y reinserción a la sociedad.

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