Hizo muy bien la JCE en someter al Congreso vía el Senado su proyecto de modificación a las leyes de partidos y de régimen electoral haciendo uso de la facultad de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 96 de la Constitución.
Luego del trauma vivido en nuestro país en ocasión del proceso electoral del año 2020 sería una irresponsabilidad mayúscula que la actual Junta Central Electoral (JCE) no desplegara todos sus esfuerzos para tratar de remediar todos los errores, falencias, contradicciones, inequidades, etc. existentes en las leyes 33-18 de partidos políticos y 15-19 de régimen electoral, tomando en cuenta las múltiples sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional anulando diversas disposiciones de estas, las recomendaciones realizadas por la Misión de Observadores de la OEA y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) respecto de las elecciones del año 2020, así como las propias recomendaciones de su personal en base a las lecciones aprendidas.
Por eso hicieron muy bien los actuales miembros de la JCE en designar poco tiempo después de su elección una comisión para preparar una propuesta de adecuación de tan importantes leyes, la cual realizó su trabajo y presentó una propuesta que fue luego revisada y aprobada por el pleno de la Junta, y publicada en agosto de 2021 en un formato muy explicativo, presentando no solo las inserciones y eliminaciones sugeridas a los textos de dichas leyes, sino detalladas motivaciones, señalando que se introducirla al Congreso Nacional luego del inicio de la legislatura que abriría el 16 de agosto de 2021.
Poco tiempo después, en fecha 30 de agosto de 2021 el Consejo Económico y Social (CES) acogió la propuesta de los partidos de agregar el Código Electoral como tema de discusión, sin embargo, a más de siete meses de esto no ha habido avances palpables de la Mesa Temática Electoral conformada por el CES, y el pasado 31 de marzo tuvo que suspenderse por falta de quórum su reunión luego de más de una hora de espera, dejando la mayoría de sus miembros con la mesa puesta a sus coordinadores.
Cuando se analizan las propuestas de modificación presentadas por la JCE se comprende por qué los partidos en vez de ser los primeros interesados en impulsarlas están jugando a lo mismo de siempre, dejar que pase el tiempo para lograr a última hora amarres políticos que diluyan la efectividad de las normas, pues sus modificaciones van en el sentido correcto de: propiciar mayores niveles de transparencia en el uso de los fondos públicos y privados por los partidos fortaleciendo entre otras la obligación de entrega de informaciones de gastos por partidos, candidatos y precandidatos, establecimiento de sanciones más rigurosas por el incumplimiento a sus disposiciones, introduciendo mayor equidad en la distribución del financiamiento público llevando a 70% el porcentaje en base a votos obtenidos y 30% de forma igualitaria, reducción del gasto fijando un período limitado de precampaña y menores topes de gastos para las precampañas y campañas, incorporando un procedimiento sancionador administrativo más expedito a cargo de la propia Junta y limitando su intervención en los procesos internos de selección de candidatos de los partidos; todo lo cual es fundamental y urgente, pero al parecer buena parte del liderazgo político no lo comprende.
El involucramiento del dinero ilícito en la política es una trágica y peligrosa realidad como evidencian los distintos procesos judiciales contra diversos legisladores, y es una necesidad urgente la reducción de los altísimos topes de gastos establecidos para las precampañas y para las campañas como propone la Junta, la cual plantea disminuir en un 75% los de las primeras y en un 65% los de las segundas, pero es obvio que muchos líderes políticos y partidos acostumbrados al dispendio y desorden anterior no quieren aceptarlo.
Hizo muy bien la JCE en someter al Congreso vía el Senado su proyecto de modificación a las leyes de partidos y de régimen electoral haciendo uso de la facultad de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 96 de la Constitución, pues si bien son los mismos legisladores de los partidos que tendrán que discutirla y aprobarla, es hora de que esta sociedad exija su rápido conocimiento y oportuna aprobación, pues no podemos permitir que por intereses políticos particulares se ponga en juego nuestra democracia apostando a dilatar reformas urgentes que corrijan las muchas y demostradas falencias de estas importantes leyes. No hay un minuto que perder.
