San José.- La empresa de telecomunicaciones Huawei interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de Costa Rica debido a su potencial exclusión de los procesos de contratación para el desarrollo de la tecnología 5G en el país centroamericano.
Un portavoz de Huawei confirmó a EFE este martes la presentación del recurso de amparo, el cual tiene como objetivo «defender el derecho constitucional a la igualdad y no discriminación», así como «proteger a la industria y ciudadanos de Costa Rica».
Agregó que la empresa considera que los costarricenses tienen el derecho al acceso a las mejores tecnologías y servicios 5G.
«Como empresa que opera en este país desde hace 16 años, Huawei confía firmemente en el estado de derecho y la Constitución Política de Costa Rica, como garantía de un entorno empresarial justo, seguro y equitativo», concluyó el portavoz.
Este recurso de amparo está dirigido contra el Instituto de Costarricense de Electricidad (ICE), empresa estatal de energía y telecomunicaciones que abrirá un concurso para implementar y operar tecnologías 5G en sus redes, en el marco de un reglamento publicado por el Gobierno el pasado 31 de agosto que deja fuera a empresas chinas.
La resolución de la Sala Constitucional sobre este recurso de amparo también podría incidir en el reglamento.
El reglamento, publicado mediante un decreto presidencial, establece como uno de los requisitos para participar en contratos de desarrollo de tecnología 5G y superiores, que los países de origen de las empresas hayan suscrito o estén en proceso de adhesión al Convenio de Budapest, que tiene que ver con ciberseguridad y lucha contra la ciberdelincuencia.
China no es signatario de ese convenio, por lo que empresas como el gigante tecnológico Huawei no podrán participar en los contratos para equipos y software 5G en Costa Rica.
Esta decisión del Gobierno de Costa Rica provocó una queja pública de la Embajada de China a inicios de septiembre.
Costa Rica y China establecieron relaciones diplomáticas en 2007 y ambos países tienen vigente desde 2011 un tratado de libre comercio.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y su ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, se han referido varias veces al asunto y afirman que la intención no es excluir empresas chinas, sino establecer los más altos estándares en ciberseguridad.
El Gobierno de Costa Rica ha negado que su posición se enmarque dentro de la creciente competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.
En los últimos meses Estados Unidos, que sí es signatario del Convenio de Budapest, ha incrementado su cooperación con Costa Rica en materia de ciberseguridad y este fue uno de los puntos de interés de la visita que realizó el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, a Washington a finales de agosto, donde se reunió con el mandatario estadounidense, Joe Biden.