SANTO DOMINGO.- Según la solicitud de medida de coerción contra los imputados en la operación Pandora, el coronel Narciso Antonio Feliz Romero adquirió un jeep marca Kia Sorento e inició una construcción inmobiliaria en Bonao, provincia Monseñor Nouel producto de estas actividades ilegales.
El documento explica que «el coronel recibió dinero en efectivo en el interior de una mochila entregada por el cabo Rosario quien vendía municiones a través de un contacto en el vecino país de Haití«.
Detalla que el cabo Rosario “era un visitante frecuente de la intendencia”.
Imputado Narciso Antonio Feliz Romero sustrajo fusil Colt M-16 con fines de venta, según la investigación del Ministerio Público el arma era promocionada en grupos de WhatsApp junto a municiones
La solitud de medida de coerción explica que mediante informe pericial emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), se obtuvo la imagen del referido fusil que era promocionado para fines de venta por el Raso Ángel Rubiel Martínez Bacilio (a) Escobar.
El documento explica que «en las conversaciones previas continúan las negociaciones de venta de las cajas de municiones en distintas fechas. También se pudieron identificar los precios desde DOPS 4,000.00 hasta DOP 5,000 por caja. Se observa en el contexto de las conversaciones que Jack Núñez no compraba las municiones para su uso sino para revenderlas».
La Operación Pandora, llevada a cabo por el Ministerio Público y la Policía Nacional, desmanteló una red criminal que sustraía municiones de depósitos oficiales para venderlas en un mercado ilegal. Según los documentos investigativos, este esquema abastecía a armerías, civiles y personas vinculadas a actividades ilícitas, generando un negocio millonario operado desde dentro de las fuerzas de seguridad.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, «los investigados identificaron y desarrollaron un mercado propio del crimen organizado, conformado por miembros de la Policía Nacional y civiles con antecedentes delictivos, quienes adquirían las municiones sustraídas con pleno conocimiento de su origen ilícito, para revenderlas a precios más altos a policías, militares, civiles y armerías, destinadas al comercio de armas, municiones y accesorios».
La red, supuestamente encabezada por el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien dirigía la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, utilizaba su posición para desviar proyectiles destinados al uso oficial. Junto a otros oficiales, como el capitán Nelson Valdez y el auditor Víctor Manuel Santos, desarrollaron un sistema para sustraer, almacenar y distribuir las municiones, evadiendo los controles establecidos.
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