Cada día se habla más sobre reforma tributaria, es decir más impuestos. ¿Por qué? Porque lo que se recauda como porciento del PIB es muy bajo con relación a otros países y por eso hemos estado tomando prestado demasiado, tanto así que un 30% de lo que se recauda por impuestos hay que aplicarlo para tan solo pagar intereses. No podrá continuarse indefinidamente con un endeudamiento sostenible como solución.
¿Cuándo hacer la reforma? Lo ideal sería después que salgamos de la pandemia. Luce que eso va a ocurrir en julio en Estados Unidos, pero aquí, por el problema mundial de la escasez de vacunas, bien puede que tome muchos meses. Pero existe la necesidad de presentar en septiembre el presupuesto del año que viene. Entonces podrían darse dos alternativas: hacer la reforma aún con la pandemia, lo cual es cuesta arriba pues incluiría nuevos impuestos en el nuevo presupuesto, o diferir el asunto a través de un addendum al presupuesto a mediados del año que viene.
Colombia ha pasado por el mismo dilema y por las mismas razones, pero allí, además de gravar a los ricos, se propuso agregar partidas importantes de la canasta familiar en el ITBIS, precisamente en un momento en que los “commodities” están subiendo de precio internacionalmente. Ya en nuestro país la inflación está por encima del 4% y lo estará durante algunos meses. Nuestra clase media si es gravada de esta forma podría reaccionar como lo hizo cuando la marcha verde y en la Plaza de la Bandera y más ahora que está muy golpeada por lo de las tres causales. En Colombia, ante la violencia que incluyó varios muertos, el presidente echó para atrás y está proponiendo una reforma tributaria sin afectar el ITBIS gravando tan solo a los ricos con más impuestos a la propiedad, al patrimonio, a las ganancias de capital, las corporaciones y el impuesto personal. Eso debe hacerse en nuestro país dada la coyuntura de la pandemia con la necesidad de justicia a la luz de la deuda social.
Pero en nuestro caso una proporción muy alta del déficit fiscal, un 30%, está representado por los US$800 millones de pérdidas del sector energético, debido a las pérdidas de las tres distribuidoras. Los resultados del primer trimestre de este año son tristes, pues los nuevos administradores de las Edes habían anunciado, primero, que reducirían la cantidad de empleados públicos en exceso, pues encontraron cinco veces más de lo requerido para vender la cantidad de energía que generamos, pero la nómina sigue igual, probablemente personas de otro partido, pero su costo en total es igual. En segundo lugar los nuevos administradores habían dicho que el por ciento de ventas incobrables bajarían de 35% a 15% (el nivel centroamericano) pero a marzo ha subido a 37%. Los que quieren otorgar el beneficio de la duda a esos administradores plantearán que en medio de una pandemia no debe aumentarse el desempleo ni obligar a pagar la luz. Pero el actual dilema es si gravar con más impuestos a los que sí pagan la luz, para con ese dinero subsidiar a los que no la pagan. Durante el primer gobierno de Leonel Fernández se privatizaron las tres Edes y luce que ha llegado el momento de hacerlo de nuevo, pues sería la forma de reducir ese 30% de contribución del sector energético al déficit. Eso haría a la reforma tributaria menos onerosa.
Danilo Medina cometió el error de construir las Catalinas como empresas estatales y aunque desde el principio se dijo que una vez en operación serían entregadas en administración a una empresa con experiencia internacional, la realidad es que eso no ha ocurrido y con políticos administrándolas se va por el camino de Río Haina y Catarey. Mientras más se logre reducir las pérdidas del sector energético a través de la privatización o la administración privada de las Edes y el Estado entregando a privados la administración de las Catalinas, aun manteniendo el Estado sus acciones en ellas, menos costosa política y socialmente será una reforma tributaria coincidiendo con una pandemia.
Por supuesto, toda reforma tributaria para justificarse necesitaría de austeridad y prioridades en el gasto, así como revisar las leyes de incentivo.
