SANTO DOMINGO.- El hijo del viceministro de Agricultura, Julio Domínguez Fernández y un empleado de la misma institución habrían admitido su responsabilidad en el desfalco de cuatro millones de pesos en esa dependencia del Estado, según el Ministerio Público, que dijo presentó pruebas irrefutables contra los imputados a quienes la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso una garantía económica de 500 mil pesos a cada uno. Vladimir Núñez amplía la información.
A su salida del tribunal los acusados Julio Domínguez Solano y Antonio José Paredes Elizondo se mantuvieron en silencio mientras eran trasladados a la celda del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Ante la cantidad de evidencias que presentó el Ministerio Público, los procesados supuestamente se vieron obligados a admitir los hechos que se le imputan, de acuerdo al director del Pepca, Wilson Camacho.
“Esto es la consecuencia como siempre de que ante la abrumadora cantidad de pruebas con que presenta el Ministerio Público los casos es difícil poder negar la comisión de los mismos y en este caso los imputados y sus defensas técnicas admitieron los hechos”, dijo Camacho.
El magistrado Camacho se refirió a las pruebas y testimonios con que cuenta el Ministerio Público para que el tribunal imponga una condena a los imputados.
“El Ministerio Público aportó en este caso en suma más de cien medios de prueba que fue lo que llevaron a los acusados a no poder negar los hechos ante el tribunal”, refirió.
Sin embargo, el representante del Ministerio Público se mostró en desacuerdo con la medida cautelar que se le impuso a Julio Domínguez Solano y al venezolano Antonio José Paredes Elizondo.
“Estas personas, no solamente presenta peligro de fuga porque no pudieron demostrar en el tribunal que tuvieran un domicilio particular, sino que el principal imputado de este proceso tiene conocimiento de informática por lo que pudiera afectar la investigación”, resaltó Camacho.
En principio la defensa de los acusados atribuía a cuestiones políticas la acción del Ministerio Público contra la presunta operación en la que se transfería de manera irregular fondos de Agricultura a cuentas personales.
Además de los 500 mil pesos de fianza, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso a los imputados presentación periódica e impedimento de salida.
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