SANTO DOMINGO. – Luego de las denuncias presentadas por el programa de investigación El Informe con Alicia Ortega, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) anunció este lunes 10 medidas de acción inmediata orientadas a garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley en los procesos de licitación para la adquisición de utilería escolar.
El director ejecutivo, Víctor Castro, informó sobre la suspensión inmediata de la firma y certificación de contratos con las empresas mencionadas en el reportaje de investigación, así como con otras que participaron en los procesos correspondientes a los próximos años lectivos.
“Como director ejecutivo, no respaldo ninguna ilegalidad, y mucho menos procesos que contravengan las disposiciones de la ley”, dice el comunicado.
INABIE envió una comunicación formal tanto a la Dirección General de Contrataciones Públicas como a Pro-Competencia, solicitando su acompañamiento en la investigación de las empresas denunciadas y de otras con posibles indicios de irregularidades.
Asimismo, Castro ordenó la suspensión de los peritos que participaron en la evaluación de dichas empresas, aclarando que, si se encuentra evidencia de acciones u omisiones contrarias a la ley, se procederá con su cancelación.
Hasta el momento, el funcionario ha indicado que el INABIE no ha desembolsado «ni un centavo» a las empresas mencionadas en el reportaje ni a ninguna otra participante en los procesos actuales de utilería escolar para los años lectivos 2025-2026.
Desde 2022, la institución ha suspendido a más de 50 empresas por actos como competencia desleal, manipulación de documentos y prácticas anticompetitivas. En febrero de este año, se solicitó la inhabilitación permanente en el Registro de Proveedores del Estado para cinco compañías por falsificación documental, y se remitieron otras nueve a Pro-Competencia por indicios de colusión.
Castro destacó que, como parte de los esfuerzos del Gobierno para apoyar la producción local, el INABIE ha incrementado la demanda de productos escolares, pasando de 650 mil unidades a cerca de 2 millones. Esto ha tenido un impacto significativo en la industria textil y del calzado, beneficiando especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
Además, el director anunció la creación de una Unidad Interna de Riesgo y Cumplimiento, cuyo objetivo será reforzar los mecanismos de debida diligencia dentro del organismo y anticipar posibles casos de corrupción, incluyendo el lavado de activos.
“Somos una administración comprometida únicamente con el bienestar de los estudiantes y con el fortalecimiento de la industria nacional”, indicó.
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