BONAO. – En un amplio operativo encabezado por el Ministerio Público y agentes de la Subdirección Regional de Inteligencia Delictiva (DINTEL), perteneciente a la Dirección Regional Cibao Sur de la Policía Nacional, fueron incautadas varias máquinas tragamonedas que operaban de forma irregular en diferentes sectores del municipio de Bonao.
La acción fue liderada por la magistrada procuradora fiscal titular, licenciada Santa Milagros Martínez, quien actuó en cumplimiento de la ley y en defensa de la legalidad y el orden público, ante denuncias de la instalación no autorizada de estos aparatos electrónicos de azar en colmados y colmadones, espacios donde este tipo de actividad está estrictamente prohibida.
Durante el operativo, el personal de DINTEL, dirigido por el coronel de la Policía Nacional Kevin Pacheco, se desplegó en distintos puntos estratégicos del municipio, logrando ocupar una cantidad considerable de las llamadas máquinas traga monedas, que funcionaban sin ningún tipo de permiso legal, contribuyendo a la proliferación del juego ilegal en sectores vulnerables.
La magistrada Martínez reiteró que estas intervenciones continuarán realizándose de forma permanente con el objetivo de combatir las prácticas ilícitas que atentan contra la sana convivencia, especialmente aquellas que involucran el uso indebido de juegos de azar en lugares de fácil acceso para menores de edad y ciudadanos en general.
El coronel Pacheco, por su parte, señaló que este tipo de operativo se enmarca dentro del compromiso de la Dirección Regional Cibao Sur con la seguridad ciudadana y la prevención de delitos vinculados al juego ilegal, destacando la importancia del trabajo coordinado entre los cuerpos de inteligencia policial y el Ministerio Público.
Las autoridades hacen un llamado a la población a no instalar ni permitir el funcionamiento de estas máquinas ilegales en sus establecimientos, advirtiendo que continuarán aplicando todo el peso de la ley a quienes incumplan las normativas vigentes.
Con este operativo, el Ministerio Público y la Policía Nacional reafirman su compromiso con la legalidad, la paz social y la erradicación de actividades que fomenten la corrupción y afecten a las comunidades.
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