Sólo en un país insólito como la República Dominicana, donde ocurren las cosas más absurdas o descabelladas, se puede hablar de la posibilidad de que puedan quedarse sin cobertura médica las personas lesionadas en accidentes de tránsito.
A pesar de algunas aclaraciones y garantías de seguridad, la amenaza no ha dejado de causar preocupación, en vista de que provino de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), una organización que aglutina a las principales ARS privadas del país.
Para dar una idea del trastornador impacto que tendría negar asistencia a los heridos en accidentes automovilísticos, basta señalar que esa entidad está integrada por nueve ARS con una afiliación de un millón ochocientos noventa mil usuarios, entre titulares y dependientes.
En medio de esta situación, es alentadora la seguridad dada por el Seguro Nacional de Salud (SENASA) de que sus afiliados no serían afectados, pero eso no resuelve ni lleva tranquilidad al universo de los asegurados en otras ARS.
Mientras ADARS desiste de su increíble anuncio, que merece una unánime condena, es igualmente estimulante la afirmación del doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación Dominicana de Clínicas y Hospitales (Andeclip), de que la asistencia de emergencia a los accidentados están garantizadas en sus centros.
Los organismos oficiales del sector Salud deben intervenir y pronunciarse, pero no sólo de palabra, sino con medidas que eviten que la advertencia de ADARS pueda cumplirse, con todas las implicaciones y riesgos que tendría para la vida y los derechos de los asegurados.
