Quito.- El movimiento indígena de Ecuador presentó este viernes un pliego de peticiones a los dos candidatos finalistas a la Presidencia del país, que incluye una moratoria minera, prohibir la actividad petrolera en el parque amazónico Yasuní, evitar las privatizaciones y garantizar derechos laborales, entre otros.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más importante del país, hizo este anuncio al publicar el pliego de resoluciones al que llegó su Comité Ejecutivo en una reunión celebrada en Quito el pasado miércoles.
En esa reunión, los indígenas resolvieron que no apoyarán a ninguno de los candidatos presidenciales finalistas a la votación de segunda ronda (balotaje) que tendrá lugar el próximo 15 de octubre entre la progresista Luisa González (afín al expresidente Rafael Correa) y el empresario Daniel Noboa (hijo del magnate bananero Álvaro Noboa).
En el documento, la Conaie dijo que observa con preocupación la situación de inseguridad y crisis que vive el país al mando del presidente conservador Guillermo Lasso, lo que para ese colectivo supone «el fracaso de un modelo económico neoliberal».
El grupo indígena recordó que su oposición al neoliberalismo se expresó en las jornadas de protesta en octubre de 2019 y junio de 2022, cuando se opuso a la aplicación de medidas económicas de ese tipo.
La Conaie, por ello, exigió que se investiguen las eventuales violaciones a los derechos humanos contra la población por parte de la fuerza pública durante esos levantamientos populares.
Demandó, asimismo, el cumplimiento de los plebiscitos del pasado 20 de agosto, que se desarrollaron de forma paralela con las elecciones legislativas y las presidenciales de primera ronda -entre ocho candidatos-, y en las que ganó una propuesta para que se prohíba la actividad petrolera en el Parque Nacional Yasuní (Amazonía) y en el Chocó Andino, una reserva situada al noroeste de Quito.
En su pliego, la Conaie también exigió una «moratoria inmediata y auditoría integral (…) a todas las concesiones mineras otorgadas», para que se verifiquen eventuales daños a la naturaleza y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
Rechazó las privatizaciones de empresas del Estado y exigió, más bien, que se repotencie el sistema de salud pública y se controlen los precios de las medicinas y servicios de salud privados.
También que se recupere el sistema de educación pública, que se acometan políticas para erradicar la desnutrición infantil, un control de precios de los productos de primera necesidad y estrategias para poner límites a la acumulación de la propiedad de la tierra en pocas manos.
Incentivo y ayudas para el sector agrícola y políticas que «limiten el abuso de los bancos privados», la reducción de tasas de interés y el establecimiento de tributos especiales a las ganancias extraordinarias de la banca privada.
También exigió una depuración en las fuerzas de seguridad pública y que se establezcan políticas encaminadas a luchar contra la galopante inseguridad y contra el narcotráfico.
La Conaie rechazó las reformas laborales que afecten los derechos de los trabajadores o precaricen sus condiciones, pidió que se defienda a la seguridad social y las condiciones para las jubilaciones.
También demandó una «auditoría a la deuda pública» y el cobro de deudas tributarias a los grandes grupos económicos, cuyos pasivos dijo que asciende a 2.000 millones de dólares, e hizo una referencia a que son 88 millones los que debe el grupo económico ligado al candidato Noboa.
Finalmente exigió que se suspendan los trámites y firmas de tratados de libre comercio con otros Estados, hasta que se transparenten las negociaciones.
