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Informe de EE.UU. denuncia abusos contra migrantes haitianos y "apátridas" en RD

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 Estas detenciones se llevaban a cabo en lugares públicos o en residencias privadas, sin una causa probable ni una orden judicial adecuada.

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Redacción.- El reporte de Derechos Humanos en República Dominicana correspondiente a 2023, emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, expuso una serie de preocupaciones graves en relación con el trato hacia migrantes, especialmente aquellos de ascendencia haitiana, por parte de la Dirección General de Migración (DGM) y otras instituciones gubernamentales.

Señala que hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en la República Dominicana durante el año, incluyendo la expulsión masiva de haitianos y personas apátridas de ascendencia haitiana, independientemente de su estatus legal, y los abusos de derechos humanos asociados.

El informe indica que estos migrantes fueron objeto de tratos degradantes y abusos físicos, tanto durante operativos de la DGM como en los centros de retención migratoria ubicados en Santiago y Haina. Entre los abusos documentados se incluyeron deportaciones ilegales de niños, mujeres embarazadas y ancianos, incautación o destrucción de documentos de identidad, robo de pertenencias personales y detenciones arbitrarias.

El informe también destacó la persistencia de la impunidad en las fuerzas de seguridad, especialmente en la Policía Nacional y en la Dirección General de Migración.

Se mencionó que las detenciones arbitrarias, realizadas sin autorización judicial, continuaron siendo un problema significativo en 2023, especialmente dirigidas a personas consideradas migrantes haitianos indocumentados.

Estas detenciones se llevaban a cabo en lugares públicos o en residencias privadas, sin una causa probable ni una orden judicial adecuada.

Además, se subrayó que hubo casos en los que la DGM detuvo de manera arbitraria a personas, incluyendo ciudadanos dominicanos y residentes extranjeros legales, basándose únicamente en la percepción de que podrían ser migrantes haitianos con estatus migratorio irregular.

Esta práctica discriminatoria contribuyó a una atmósfera de temor entre las personas de ascendencia haitiana y aquellas percibidas como tales, limitando su capacidad para moverse libremente dentro del país y acceder a empleo, atención médica y otros servicios sociales.

El informe ilustró una situación preocupante en la que los migrantes, especialmente los de ascendencia haitiana, enfrentaban violaciones sistemáticas de sus derechos humanos, incluyendo tratos degradantes, abusos físicos, detenciones arbitrarias y discriminación, lo que generaba un impacto significativo en su vida cotidiana y su acceso a servicios básicos.

Cierre de la frontera

El cierre de la frontera con Haití en septiembre por parte del gobierno y la suspensión posterior de la emisión o renovación de permisos de residencia, visas y certificados de solicitantes de asilo para migrantes haitianos y personas de ascendencia haitiana, incluyendo personas apátridas, colocó a poblaciones ya vulnerables en mayor riesgo.

Asesinatos extrajudiciales

Los problemas significativos de derechos humanos incluyeron informes creíbles sobre: asesinatos ilegales o arbitrarios; tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte del gobierno; condiciones carcelarias duras y que ponen en peligro la vida; detenciones o arrestos arbitrarios; interferencia arbitraria o ilegal en la privacidad; devolución de refugiados a un país donde enfrentarían tortura o persecución, incluyendo amenazas graves como una amenaza a la vida o libertad u otro maltrato que constituiría un abuso separado de derechos humanos; corrupción gubernamental grave; violencia de género extensa, incluyendo violencia doméstica y feminicidios; crímenes que implican violencia o amenazas de violencia dirigidos a personas de ascendencia haitiana; trata de personas, incluido el trabajo forzado; crímenes que implican violencia o amenazas de violencia dirigidos a personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales; y la existencia de algunas de las peores formas de trabajo infantil.

Finalmente, Estados Unidos acusa a la República Dominicana de no tomar medidas creíbles para identificar y castigar a funcionarios que podrían haber cometido abusos de derechos humanos

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