REDACCIÓN.- La intervención militar norteamericana en la República Dominicana de 1965, fue una decisión personal del presidente de los Estados Unidos’ Lyndon Johnson. Utilizando el argumento de que el país se estaba convirtiendo en otra Cuba, cuyo régimen comunista adversaban y para preservar la vida de los estadounidenses residentes en el país, ordeno el desembarco de las tropas.
Hay constancia de que todos los asesores civiles de Johnson, estaban en contra de la intervención abrupta, ya que confiaban, en que los militares dominicanos leales al Triunvirato, pudieran contener la rebelión. El presidente Johnson, sin embargo, siguió el consejo de su embajador en Santo Domingo, William Tapley Bennett, quien le informó la presidente, la incapacidad de los militares dominicanos en poder detener a los comandos constitucionalistas.
El 28 de abril, bajo el argumento oficial de la necesidad de proteger las vidas de los extranjeros – ninguno de los cuales había sido muerto o herido- una flota de 41 buques fue enviada para bloquear la isla y de esta forma comenzó la invasión de infantes de marina y parte de la 82ª División Aerotransportada. También, se desplegaron alrededor de 75 miembros de la compañía «E» del 7mo batallón del Grupo de Fuerzas especiales. En definitiva, se terminó por enviar a Santo Domingo un contingente de 42,000 soldados e infantes de marina.
El presidente Lyndon B. Johnson declaró esa noche que había dado órdenes para el desembarco de infantes de marina en Santo Domingo con la finalidad de proteger la vida de ciudadanos norteamericanos y que la OEA había sido informada de esa situación.
Las fuerzas constitucionalistas resistieron la invasión. El pueblo en pleno armado, atacó a los norteamericanos con todos sus recursos, causándoles unos 44 muertos y más de 200 heridos.
A media tarde del 30 de abril, se negoció un alto al fuego, auspiciado por el nuncio apostólico en el país, Moseñor Enmanuel Clarizzio. El 5 de mayo fue firmado el «Acto de Ley» de Santo Domingo por el coronel Pedro Bartolomé Benoit (lealista), el coronel Caamaño Deñó (constitucionalista) y el comité especial de la OEA. Este acto buscaba un total cese de fuego, el reconocimiento de una «Zona de Seguridad Internacional», un acuerdo para ayudar a los organismos de socorro y la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. La Ley estableció el marco para futuras negociaciones, pero no pudo detener todos los enfrentamientos. Los francotiradores constitucionalistas continuaron disparando contra las fuerzas de Estados Unidos, aunque los enfrentamientos entre las facciones dominicanas disminuyeron por un tiempo.
Ante la imposibilidad de alcanzar una victoria militar, los rebeldes constitucionalistas eligieron a su líder Francisco Alberto Caamaño como presidente del país. Los oficiales de Estados Unidos contrarrestaron está acción declarando al general Antonio Imbert Barrera como presidente. El 7 de mayo, Imbert fue juramentado como presidente del «Gobierno de Reconstrucción Nacional».
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