CASOS FÉLIX BAUTISTA Y DÍAZ RÚA MUESTRAN PREDOMINIO DE IMPUNIDAD EN LA DICTADURA MORADA.
- Más de dos años de gobierno de Danilo Medina confirman que garantiza la impunidad de funcionarios enriquecidos con dinero público. Los recientes escarceos judiciales responden más a las competencias por la presidencia en el 2016 y por el control del PLD y el Estado, que al interés de hacer justicia.
- Urge impulsar la idea de la CONSTITUYENTE para ponerle fin a la dictadura mafiosa, a las elecciones amañadas y a la impunidad que la protege.
- Más de dos años de gobierno de Danilo Medina confirman su compromiso con la impunidad de los funcionarios acusados de robos y de fortunas mal habidas, empeñados en hacer ostentación de la misma para aplastar las demandas de justicia y el reclamo de recuperar lo robado.
En vez de estar pensando en modificar la constitución para reelegirse, si quisiera castigar a los funcionarios corruptos y democratizar este país, el presidente Medina debería favorecer UNA CONSTITUYENTE que posibilite crear instituciones participativas y hacer elecciones democráticas bajo control de pueblo.
La manera como se han manejado el Ministerio Público, que responde al Poder Ejecutivo actual (Danilo Medina-Domínguez Brito), y la Judicatura, que responde a Leonel Fernández, evidencia que si no se reemplaza el actual poder judicial y todas las instituciones de la dictadura al servicio del Comité Político del PLD, de la partidocracia corrompida de todos los colores y del bloque empresarial dominante, la impunidad seguirá reinando en el país.
La necesidad de una Constituyente Popular y Soberana, que siente nuevas bases constitucionales democráticas y participativas, y refunde las instituciones del país, salta a la vista cuando se observa lo que acontece hoy con las denuncias y procesos de corrupción.
Los casos de corrupción y crímenes de Estado, las conexiones políticas-estatales con el narco-poder local e internacional, que han sido denunciadas y pueden ser probadas, no se limitan a los expedientes cursados contra Félix Bautista y Díaz Rúa, que por demás tienen un límite insuperable en el blindaje leonelista-peledeísta de las denominadas altas cortes, y son manipulados políticamente por la Procuraduría General y la Presidencia, a conciencia de que eso es así.
En verdad, son muchos los ex-presidentes, ex-ministros y ministros, congresistas, alcaldes, dirigentes políticos, generales y altos empresarios susceptibles de ser enjuiciados por graves delitos cometidos en diferentes gobiernos del PRSC, PRD y PLD.
Son muchos los escándalos alrededor de los narco-carteles, mafias diversas y de casos específicos tipo Quirino, Figueroa Agosto, Nelson Solano, Paya, Sun Lang, PEME, Plan Renove, Antena Latina, IDAC-sistema aeroportuario, SUPERTUCANOS, Hardly Davison, mafia de los combustibles, FUNGLODE, Barrick Gold, FALCONDO, concesiones mineras onerosas, EGE-HAINA-EGE ITABO- FOMPER, contrato de SAN SOUCI, DNCD, PN, MARINA DE GUERRA, préstamos y bonos soberano, que tienen nombres y apellidos sonoros enjuiciables con expedientes consistentes.
Es claro, incluso, que el presidente Medina (por detrás) y el Procurador Domínguez Brito (al frente del ministerio público) detuvieron y detienen los expedientes más fuertes de corrupción y prevaricación contra Leonel Fernández y otros jorocones; mientras entretienen a la sociedad, manipulan a su antojo la lucha anticorrupción y la circunscriben a escándalos mediáticos y escarceos mal conducidos; acciones hasta ahora limitada a los dos casos más vulnerables entre sus alcancías, condenados sus expedientes a morir en las cortes superiores. En realidad procuran solo acentuar descréditos bien ganados con fines de ganar la competencia al interior del PLD y de cara al 2016 y manejar a su favor la dictadura controlada desde el CP del PLD.
Por demás, la corrupción heredada y usada, y la nueva corrupción danilista, son protegidas junto a todos los privilegios, prebendas, exenciones, sobornos políticos y clientelismo a granel; gran parte a favor de la clase capitalista dominante.
Todo esto indica que el asunto de la impunidad hay que resolverlo en las calles, campos, plazas, campos y caminos del país, cercando este estado delincuente.
A falta de democracia en las instituciones, urge practicar la democracia de calle, convirtiendo la justa indignación por carencia de justicia institucional en movilizaciones crecientes con el norte de la ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Y articulando esta demanda a todos los movimientos en lucha: Loma Miranda-parque nacional y el combate a la Barrick y a toda la minería destructiva; salud y seguridad social, salarios dignos y pensiones justas, derechos de los/as trabajadores/as, rechazo a la estafa eléctrica, derechos de los emigrantes y de las personas de ascendencia haitiana, soberanía, libertades… Participando activante en todas las movilizaciones programadas.