SANTO DOMINGO.- La defensa del exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, y Javier Alejandro Forteza Ibarra presentaron este martes sus recursos de apelación solicitando que sea anulada la sentencia que los envió a la prisión y que se le ponga en libertad pura y simple.
A su vez, los abogados de Jean Alain Rodríguez reprodujeron un audio en el cual se basaron para establecer que a su defendido se le violaron los derechos cuando la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso medida de coerción.
Carlos Balcácer, quien coordina la defensa de Rodríguez, alegó que en primer grado, la jueza Kenya Romero cedió ante presiones del Ministerio Público y no le permitió al exprocurador aclarar la adulteración de un documento, en el que supuestamente incurrieron los procuradores adjuntos.
Además, manifestó que Jean Alain Rodríguez presentó suficientes arraigos para desmontar el peligro de fuga, pero que la jueza Romero no los tomó en cuenta e impuso la prisión sin la debida motivación de su decisión.
Mientras, los abogados de Forteza Ibarra alegaron que su cliente está enfermo. Que es inocente y que el tribunal debe ordenar la libertad pura y simple, o le impongan el arresto domiciliaria.
Además del exprocurador Jean Alain Rodríguez, figuran como imputados en el caso Medusa Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, los implicados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
MP les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
El exprocurador Jean Alain Rodríguez y sus colaboradores y relacionados están imputados de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en cuanto a lo relacionado con lavado de activos y circunstancias agravadas del lavado, así como de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, en lo concerniente a los hechos cometidos antes de 2017.