REDACCIÓN.- El presidente Joe Biden conmutó las sentencias de 37 condenados a muerte en Estados Unidos, incluidos homicidas responsables de crímenes atroces como el asesinato de menores y reclusos. La medida, anunciada días antes de Navidad, ha generado intensas críticas por beneficiar a algunos de los criminales más violentos del país.
La Casa Blanca informó que la decisión del presidente, quien se opone a la pena de muerte, busca garantizar un sistema de justicia «justo y efectivo». Biden, de 82 años, defendió su postura en un comunicado:
“Condeno a estos asesinos, lloro por las víctimas de sus actos despreciables y me solidarizo con las familias que han sufrido pérdidas irreparables. Sin embargo, mi experiencia como defensor público y líder legislativo me ha convencido de que debemos detener el uso de la pena de muerte a nivel federal”.
Entre los beneficiarios de la clemencia presidencial figuran Thomas Steven Sanders, quien asesinó a una niña de 12 años y a su madre en 2010; Jorge Avila Torrez, condenado por la violación y asesinato de dos niñas en 2005 y de una oficial naval en 2009; y Kaboni Savage, un narcotraficante responsable de la muerte de 12 personas, incluidos niños, en Filadelfia.
No obstante, Biden dejó sin conmutar las sentencias de Dzhokhar Tsarnaev, autor del atentado en el Maratón de Boston en 2013; Robert Bowers, responsable de la masacre en una sinagoga de Pittsburgh en 2018; y Dylann Roof, quien asesinó a nueve feligreses afroamericanos en una iglesia de Charleston en 2015.
El anuncio ha dividido opiniones. Mientras algunos defensores de derechos humanos celebran la medida como un paso hacia la abolición de la pena de muerte, familiares de víctimas y críticos calificaron la decisión de insensible e injusta.
El senador republicano Mitch McConnell declaró:
“Es indignante que asesinos de niños y violadores reciban indulgencia mientras Biden ignora a las familias que claman justicia”.
La acción presidencial se suma a recientes decisiones de clemencia, como el indulto a su hijo, Hunter Biden, por delitos fiscales y de armas, y la conmutación de sentencias de casi 1,500 prisioneros liberados durante la pandemia de COVID-19. Estas medidas han suscitado críticas por un posible uso discrecional del poder presidencial.