Juicio de Odebrecht llega casi a su fin; imputados hablarán por última vez este lunes
El juicio de fondo, que se inició el pasado 5 de noviembre del 2020, se conoce en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional por las juezas Tania Yunes y Jisell Naranjo.
SANTO DOMINGO.- Los argumentos finales en el caso de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht continuarán desarrollándose el próximo lunes 27 de septiembre a las 9:00 de la mañana, cuando los seis imputados tendrán la oportunidad de dirigirse al tribunal y hacer una manifestación final si así lo consideran necesario.
El juicio de fondo, que se inició el pasado 5 de noviembre del 2020, se conoce en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional por las juezas Tania Yunes y Jisell Naranjo.
El martes pasado concluyeron los representantes del Ministerio Público, quienes hicieron una réplica al discurso de clausura expuesto por la defensa de los seis imputados en el entramado de corrupción.
Los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) pidieron al tribunal en audiencias anteriores, al presentar su discurso de clausura, que el imputado Pittaluga Arzeno fuera condenado a 7 años de prisión.
Igualmente, pidieron que todos paguen una multa de 200 salarios mínimos y que se ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.
También, pidieron condenas de 10 años de prisión para los coacusados Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht, así como para Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas.
Además Víctor Díaz Rúa; el expresidente del Senado, Porfirio Andrés Bautista García; el exsenador de San Cristóbal, Tommy Alberto Galán Grullón, y Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.
La solicitud del Ministerio Público se realiza por la alegada participación de los involucrados en la recepción y distribución de los US$92 millones que la constructora brasileña admitió haber entregado en el país como sobornos con el objetivo de ser favorecida con la adjudicación de grandes obras estatales.
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