SANTO DOMINGO.- Con la decisión de la magistrada Kenya Romero de enviar por 18 meses de prisión preventiva al general Julio Camilo de los Santos Viola, no hizo más que ser el papel carbón de la petición del Ministerio Público, a juicio del abogado Julio Cury, quien tiene a su cargo la defensa de De Los Santos Viola
El jurista afirmó que la seguridad jurídica de República Dominicana camina en una cuerda floja, » los resortes de la justicia están en manos del Ministerio Público».
Indicó que como es obvia su predeterminación a imponerle medida de coerción «a todo lo que huela a PLD o Danilo Medina», fue la razón que llevó a que le interpusieron las recusaciones y también una querella penal.
Aseguró que si el escritor Gabriel García Marquez hubiese estado vivo habría titulado esa audiencia como «crónica de una prisión preventiva anunciada».
«Como yo había anticipado no hizo más que ser papel carbón».
La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva al general Julio Camilo de los Santos Viola, implicado en la supuesta red de corrupción administrativa desmantelada mediante la Operación Coral 5G.
La magistrada Kenya Romero dio el fallo de la solicitud de coerción al general, quien se desempeñaba como subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), este martes a las 2:00 de la tarde en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, y de esta forma acogiendo la solicitud del Ministerio Público.
De los Santos Viola fue apresado el 17 de noviembre, cuando fue llevado a audiencia días después, recusó a la jueza Romero y la misma fue rechazada por la Corte de Apelación.
El pasado 8 de diciembre la volvió a recusar, por lo que fue separado del conocimiento de la medida de coerción de los demás implicados en el caso.
Sin embargo, el tribunal de segunda instancia volvió a rechazar la solicitud del general de que la magistrada fuera apartada del proceso y por esta razón, Romero conoció este lunes la medida de coerción a De los Santos Viola, contra quien el Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva.
La jueza Romero dictó la semana pasada 18 meses de prisión a cinco de los 12 a quienes les conoció medida de coerción tras ser vinculados a una red de lavado de activos para supuestamente sustraer millones de pesos cuando estaban al frente de entidades castrenses.
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