Juristas aseguran que el referéndum aprobatorio es necesario para la actual reforma constitucional

Santo Domingo.- Para que la Constitución de la República entre en vigor tras la reforma planteada por el Poder Ejecutivo, se requerirá un referéndum aprobatorio en el que el pueblo pueda votar de manera directa, según concluyó un importante grupo de abogados constitucionalistas reunidos en un panel organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE).

El panel, celebrado la noche del miércoles 28 de agosto en la sede de FUNGLODE y presidido por el expresidente de la República y presidente de la entidad no lucrativa, Leonel Fernández, reunió a expertos como los juristas Leyda Piña Medrano, Eduardo Jorge Prats, Jottin Cury, Manuel Fermín y Maribel Reyes.

El panel fue moderado por Hermógenes Acosta, conocido por su habilidad para facilitar discusiones sobre temas legales y constitucionales.

Los expertos, que incluyeron exjueces, letrados y especialistas en derecho constitucional y administrativo, representaron un escenario ideal para examinar los alcances del proyecto promovido por el Poder Ejecutivo.

Al iniciar el panel, el moderador, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Hermógenes Acosta, señaló que la Constitución del 2010 “es producto de un consenso de la sociedad dominicana, pues estuvo precedida de una amplia consulta popular; hoy, esta Constitución se quiere modificar”, sugiriendo que para lograr tal modificación se requiere del consenso inicial.

La jueza emérita del Tribunal Constitucional, Leyda Piña Medrano, al abrir el panel, aseguró que la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo es una reforma carente de legitimidad, ya que no cuenta con el consenso de los actores políticos. Inicialmente, la reforma contemplaba 33 artículos, y dos años después se propone modificar 10 artículos, lo que indica que la “reforma no está bien pensada”, convirtiéndola en una reforma inoportuna e innecesaria.

Por su parte, el abogado constitucionalista y exdirector de la Escuela de Derecho de la PUCMM, Eduardo Jorge Prats, expresó que, para que entre en vigor la Constitución reformada, es necesario pasar por el proceso de referéndum. Además, destacó que toda reforma requiere un triple consenso: político, técnico y social.

En ese sentido, Prats reconoció que, aunque la mayoría del oficialismo podría aprobar la reforma a la Constitución, esta requiere primero el consenso político para contar con el respaldo de todos los actores políticos del sistema; consenso técnico, para que la comunidad jurídica pueda debatir y estar de acuerdo; y, por último, consenso social, en el que la sociedad esté de acuerdo.

Al intervenir el juez emérito del Tribunal Constitucional, Jottin Cury, destacó que ni siquiera hay consenso dentro del propio oficialismo. Lo que dice el gobierno no siempre coincide con lo que opinan algunos de sus legisladores. El presidente de la República no puede alegar que no ha podido hacer nada porque la Constitución actual lo limita, lo que refleja lo innecesario del proyecto de reforma.

El experto en derecho administrativo y constitucional, Manuel Fermín Cabral, comentó que: “Si algo se ha vendido como un gran éxito, es la independencia del Ministerio Público”, por lo que no se entiende ahora por qué se quiere reformar la Constitución para darle una independencia que ya se dice que tiene. El jurista agregó que no hay razones de peso para justificar la reforma constitucional.

Sobre la necesidad de un referéndum, Fermín Cabral indicó: “Desde el momento en que se decide agravar el procedimiento de reforma, eso significa que se está cambiando el procedimiento de reforma”, por lo que es obligatorio realizar el referéndum aprobatorio.

Asimismo, Maribel Reyes, quien fue asesora durante 10 años del presidente del Tribunal Constitucional, señaló que hay una serie de leyes pendientes de aprobación ordenadas por la Constitución del 2010, entre ellas la ley del referéndum. Según Reyes, si se quiere establecer una cláusula pétrea en la Carta Magna, la aprobación de la ley de referéndum constituye la verdadera cláusula pétrea, ya que fortalece las barreras para los mecanismos de modificación.

Todos los panelistas coincidieron en que la unificación de las elecciones constituye un retroceso, al igual que la propuesta de reducción de diputados, que limita la representación. Por lo tanto, la propuesta no tiene mucho sentido si lo que se busca es ampliar la representación popular, más aún cuando se propone eliminar diputados electos por votos directos y aumentar la cantidad de diputados nacionales que son electos por las cúpulas de los partidos y no de manera directa por los electores.

Respecto a la motivación para modificar la Constitución con el fin de consolidar el Ministerio Público, los juristas también coincidieron en que la regulación constitucional actual garantiza la consolidación e independencia del Ministerio Público.

Finalmente, los juristas explicaron que hay muchas reformas pendientes que deberían preocupar al Poder Ejecutivo para su aprobación en el Congreso Nacional, como la reforma penal, la reforma al sistema de salud, la reforma laboral, entre otras.