Buenos Aires.- Un tribunal de la ciudad de Buenos Aires realizó este miércoles la primera audiencia para estudiar los amparos que organizaciones políticas y sociales presentaron para frenar la decisión del Gobierno de la capital de prohibir que los docentes usen palabras como «todes» o «chic@s» en las escuelas.
En junio pasado, el Ejecutivo local presentó una resolución con la que se busca «ordenar» la utilización de la e, x, @, etc. por parte de los docentes. El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró entonces que se busca «simplificar» la manera en que aprenden los estudiantes, y la ministra de Educación capitalina, Soledad Acuña, aclaró que no se prohíbe el lenguaje inclusivo, sino que se busca fomentar otras formas de usarlo sin distorsionar la lengua española.
Esa medida generó una fuerte polémica y llevó a varias voces de la comunidad LGBT+ y de grupos políticos a presentar varios recursos de amparo para frenarla, que son los que ahora estudia la Justicia.
«Vamos a defender el uso del lenguaje incluso frente a la prohibición autoritaria y reaccionaria de Larreta y Acuña. Exigimos la suspensión inmediata de ese decreto aberrante», escribió este martes en su cuenta de Twitter Manuela Castañeira, de la agrupación Nuevo Movimiento al Socialismo, una de las asistentes a la audiencia de este miércoles en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario 1 de Buenos Aires.
Por su parte, Cele Fierro, del Frente de Izquierda, manifestó antes de acudir a la sesión -a la que fueron convocados, entre otros, la ministra Acuña y quienes presentaron los amparos- que «la presión» de los recursos presentados «y el rechazo de la comunidad educativa a la prohibición» abrieron este camino judicial.
«Esperamos que luego de escuchar a todas las partes quede en claro que el retroceso en la comprensión de textos no es culpa del lenguaje inclusivo, sino del deterioro social y de las políticas de ajuste que aplica el Gobierno porteño. La resolución de Acuña, que se cree comisaria del lenguaje, ataca derechos humanos básicos: a la libertad de expresión y a la identidad de género. Por eso reclamamos su anulación”, agregó.
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