La Asociaciónde Bancos Comerciales y otras entidades del sector financiero han elevado un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo contra una norma dela Dirección General de Impuestos Internos que los obligaría a retener el uno por ciento de los intereses que pagan a las empresas por sus depósitos. La disposición entraría en vigencia este sábado 1 de octubre. Según las instituciones financieras, las medidas las conduciría a una situación de ilegalidad, poniendo con ello en riesgo la seguridad financiera de la república. También sostienen que su aplicación atentaría contra el principio del secreto bancario, lo que a su vez erosionaría la confianza en el sistema y la estabilidad que ha prevalecido en el sector por efecto de las regulaciones y medidas prudenciales adoptadas tras la triste experiencia de las quiebras bancarias fraudulentas del 2003, que los dominicanos seguimos pagando. Es importante destacar que esa estabilidad es reconocida como uno de los aciertos de la actual administración, de la cual depende también la tranquilidad que ha existido en el ámbito de la macroeconomía. Por otra parte, sectores empresariales ligados a la industria y al comercio sostienen que la aplicación de esa norma les será también perjudicial, porque añadiría un nuevo sacrificio fiscal a la carga impositiva que pesa sobre ellos. Los argumentos son válidos y se impone, por tanto, un aplazamiento de su entrada en vigencia hasta tanto se negocie una salida entre las partes que ahuyente la amenaza que esa nueva carga supone para el sector empleador y con ello la incertidumbre que pueda traer sobre la economía. Es justo reconocer que uno de los méritos de la administración tributaria ha sido, y es, el cumplimiento de su tarea recaudadora sin atropellar a los contribuyentes. Esta es otra oportunidad para demostrar que se trata de una fama bien ganada.