Miguel Guerrero.
Hace algún tiempo escribí que la impunidad protectora de la rampante y creciente corrupción de los últimos años hará de la sentencia condenatoria en primer grado a 20 años de cárcel impuesta al ex presidente Jorge Blanco, una desproporcionada decisión jurídica.
Si los graves errores de esa administración en el manejo de recursos públicos ameritaron esa condena y se la acepta como una pauta para el futuro, como debió ser, a muchos ilustres de la política actual deberían esperarles, y van en coche, cadenas perpetuas.
A diferencia de aquél entonces, a los que llegaron después, con más hambre de fortuna y gloria, se han beneficiado de la apatía nacional y el control de los poderes públicos.
Veinte años de prisión por comprar piñas y camastros sobrevaluados de grado a grado para las Fuerzas Armadas, son una barbaridad jurídica frente a solo ocho a los desfalcadores de un banco que le costó al país tres mil millones de dólares y un hoyo financiero que los dominicanos estamos pagando desde el 2003, con perspectivas de seguir haciéndolo todavía por muchos años.
Al final se hizo claro que ese juicio no perseguía el adecentamiento de la vida pública, sino anular a un fuerte competidor como opción en las elecciones siguientes.
Los pecados de esa administración fueron juego de niños comparado con lo que hemos presenciado después; gobiernos que no hacen diferencia entre lo personal y lo público y que manejan esto último como un patrimonio privado.
Las fortunas acumuladas en el desempeño de funciones públicas en los años recientes carecen de parangón. Si bien es cierto que cuando sus correligionarios retornaron al poder, el Estado desistió de la acusación contra Jorge Blanco, la experiencia se repitió cuando los actuales lo recuperaron, como fue un sonado y muy conocido caso, sentando de este modo el encubrimiento y la impunidad como pautas aceptadas de la vida pública nacional.
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