Pero, como Narciso, el Gobierno, vive Enamorado del Espejo.
Hablar de mejorar las expectativas de exportación con unos precios exorbitantes, injustos y antidemocráticos, en los combustibles, en la tarifa eléctrica y en los costes usureros del uso del dinero procedente, tanto del mercado formal como del mercado informal, es verdaderamente una treta de las autoridades monetarias y financieras de la nación.
Exportar jamás debería verse como un verbo, sino, como un objetivo estratégico en todo el proceso económico nacional. Porque entregar sin combustible la lámpara que ha de iluminar el laberinto, por el cual debería recorrer la producción dominicana en el 2011, es lo que ha hecho el Gobierno con las empresas, las industrias, los negocios y las familias, al aumentar en un 11% la tarifa eléctrica, desde el mes de Noviembre, pero, al mismo tiempo, llevar el gas propano a mas de RD$90 pesos y el gas oleo a mas de RD$140 pesos; dos componentes de demanda inelástica en el proceso de producción de cualquier negocio.
Precisan los industriales y las empresas descifrar con urgencia la cadena de episodios críticos, tanto los monetarios y financieros, como los fiscales y políticos, que han transformado el hermoso paisaje económico, en una escena comercial y financiera aterradora. Cuando la nación es dueña de la popularidad obscena de ser la dueña de la mayor tasa de desempleo de América Latina.
Indexar los combustibles obliga a respetar en todas sus partes la Ley de los Hidrocarburos y Combustibles Fósiles, decimos en todas sus partes, porque esa norma consigna subsidiar el gas licuado de petróleo para uso domestico, pero, tanto la Administración de Mejía, quien la promulgo, como las del Doctor Fernández han hecho de su ejecución una tragedia industrial, comercial y familiar.
Resulta un crimen consignar un precio de RD$92 pesos, por un galón de gas licuado de petróleo, violando la ley en tanto y cuanto se irrespetan los niveles mínimos de calidad y cantidad de un producto controlado por el Estado, pero, peor aun, si la vocación de esos impuestos es el pago de una deuda publica, que los tres gobiernos posteriores aumentan para su conveniencia particular y política.
Apropiarse de los poderes públicos a base de préstamos, déficits y desfalcos, para luego destruir las estructuras jurídicas, arancelarias, impositivas y financieras, de una nación, es simplemente una felonía, que la pagan los ciudadanos, las empresas y los negocios, con un servicio eléctrico caro, y que sigue tan malo como siempre. Con una política fiscal asquerosa que consigna mas dinero para la guardia del Metro de Santo Domingo, que para el servicio de Bomberos en todo el país.
Disponen hoy el café y el cacao de los mejores precios internacionales, cuando los productores nacionales tienen las cuotas mas baja de exportación, por la falta de apoyo fiscal, en la reconversión de sus activos, en la continuidad, celeridad y disponibilidad de la banca, para extender el crédito suficiente, a tiempo, y con tasas competentes de interés. Del mismo modo, que deberían llegar la reconversión y la innovación tecnológica de sus predios y de sus compensaciones laborales.
Ahorrar es para la nueva Administración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, conservar la vieja y las inconmovibles extravagancias en ocultar: Que el déficit eléctrico es de US$93 millones de dólares mensuales, que la EgeJid guarda un subsidio en sus tripas de US$6 millones de dólares cada mes y que en facturación se desaparecen US$40 millones de dólares cada mes, que nadie sabe, ni las instituciones auditoras ni las contraloras del Estado; quien se los mete en los bolsillos.
Crece el déficit comercial con el exterior y crece el crédito del sector privado, para pagar las deudas y los desbalances de nuestra incompetencia comercial, tanto internacional como local. Cuando la brecha entre la tasa activa y pasiva, tanto en el mercado formal como en el informal, sigue siendo mas alta que el triple de la tasa pasiva de interés. Cuyas consecuencias las sufren las empresas, las Pymes y las familias, por el naufragio de la rentabilidad de los salarios. Un poder de compra que se reduce cada día, y cada día coloca una presión adicional sobre los empresarios y comerciantes.
Fracasa el sistema de compensación salarial que representa el desayuno escolar, por falta de pago y de gobernanza administrativa, suben los precios de los productos básicos desde un 15 a un 35%, en algunos casos, como el café y el pan. Mientras los productores de leche pierden dos pesos en cada litro de leche de vaca, con la agravante fatal, en materia de comercio con el exterior, de que una tonelada de leche importada ha pasado de US$1,800 a US$4,000dolares, en los últimos ocho anos.
Suben los precios de las grasas comestibles hasta en un 52%, en los últimos tres meses, sin que las autoridades discutan con los productores, los mecanismos y los instrumentos tributarios y arancelarios que compensen la estructura de costos de todos estos productos. O que se sienten con el sector de la construcción, el cual se hunde y pierde competencia en un 40%. A pesar de los grandes beneficios que, en mas de un 40%, alardean los constructores oficiales.
Configurar criterios respetables de previsión ha sido imposible en estos seis anos, para los estrategas económicos y financieros del Gobierno, porque, una política económica tiene fuerza y legitimidad social, cuando es capaz de crear instrumentos y recursos con los cuales hacer previsiones aproximadas a la realidad. Les ha faltado descubrir y anticiparse, armados de los conocimientos en los antecedentes, en sus hipótesis y en las demandas, a los desafíos y objetivos que fuera de la cotidianidad y la experiencia, condicionan o determinan los fenómenos y acontecimientos del mercado, con lo cual se debilitan las ofertas políticas oficiales.
Jugar a la bondad de un modelo económico, monetario y financiero, por los efectos coyunturales, sin percatarse de los efectos estructurales ha sido la razón de los peligrosos riesgos sociales, económicos, políticos y de seguridad, que sufrimos hoy. Es difícil describir, por asuntos de espacio, todas las consecuencias de esta irresponsabilidad democrática y política del nuevo modelo de poder.
Necesitamos un plan de investigaciones y de reformas políticas, económicas, monetarias y financieras, que permitan la anticipación de los órganos de los poderes públicos, con políticas publicas auxiliares contemporáneas, las cuales supriman la mala practica política y rural, de experimento y error, que han trazado el Banco Central, la Junta Monetaria, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda, en los últimos seis años.