La encrucijada venezolana

El ascenso de Hugo Chávez al poder a principios de 1999 fue el resultado de una gran movilización política contra un orden político agotado producto de la crisis de los partidos tradicionales, la desconfianza profunda del pueblo en sus instituciones representativas, la corrupción y la prevalencia de un sistema económico que creó grandes privilegios para una minoría y excluyó de sus beneficios a amplios segmentos de la población. Aunque militar de formación y carrera, Chávez puso de manifiesto una intuición política extraordinaria al captar la situación que vivía su país tras su intento de golpe de Estado y se embarcó en un proyecto movilizador que tuvo como fin redefinir las reglas del juego político y desplazar los actores claves que durante algo más de tres décadas habían dominado la vida política del país.

Chávez utilizó la Constituyente como mito movilizador de las masas populares, como elemento articulador del deseo de cambio de la mayoría de los venezolanos, una especie de “significante flotante”, para usar una terminología proveniente de la lingüística, al cual cada quien le daba el contenido que quería según sus propias quejas, insatisfacciones y demandas. La Constituyente fue el momento simbólico del fin de una era y el comienzo de otra, un verdadero momento “refundacional” que produjo una nueva Constitución que reconfiguró el sistema político y hasta cambió el nombre del país a República Bolivariana de Venezuela.

La movilización popular permanente sirvió como telón de fondo de una nueva legitimidad en la que el nuevo líder tuvo prácticamente un “cheque en blanco” para gobernar. Bajo ese esquema normativo, el presidente Chávez concentró poderes extraordinarios. Gobernó prácticamente a través de Decretos-Leyes que se sustentaban en las leyes habilitantes que le daba la Asamblea Nacional, por lo que se dio un fenómeno excepcional, el cual fue que mientras por un lado se apelaba al elemento democrático de la participación del pueblo, por el otro se producía una concentración extraordinaria del poder en un solo hombre, pero sin que esta tuviera frente a las grandes masas populares las características de una dictadura personal.

El hecho de que el nuevo régimen diera participación y beneficios a amplios sectores tradicionalmente excluidos le sirvió de sustento y legitimidad, mientras una minoría se aferraba al viejo orden de exclusiones y privilegios.

Chávez tuvo la fortuna de que su ascenso al poder coincidió con un ascenso exorbitantes de los precios del petróleo que le permitió disponer de recursos para distribuir entre las masas populares, lo que, a su vez, consolidaba su legitimidad popular. De hecho, Chávez tuvo como estrategia mantener esos precios lo más alto posible, y para eso trabajó desde la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP). Con esos recursos, además, pudo crear un esquema de asistencia a países vecinos no productores de petróleo, como República Dominicana, a través del programa Petrocaribe. A la vez, su modelo económico se fue estructurando sobre la base de una creciente estatización de empresas, una hostilidad manifiesta hacia la inversión extranjera y un esquema artificial de tipo de cambio que solo era posible sostener mientras el país recibiera los altos ingresos petroleros.

Chávez gobernó con una amplia aceptación popular y una oposición bastante débil hasta su muerte en 2013. Señaló a Nicolás Maduro como su sucesor, lo que de por sí generó problemas políticos al interior de su coalición política y algunos cuestionamientos desde el punto de vista de su legalidad. A partir de ese momento la fortuna encontró nuevos rumbos. Los precios del petróleo comenzaron a descender de manera dramática, lo que hizo que al gobierno comenzara a faltarle recursos para poder mantener los esquemas de distribución a las masas populares que había establecido Chávez. Por otra parte, la economía venezolana carece de una base industrial exportadora y ni siquiera de la capacidad de producir los bienes de consumo masivo. La inflación y el desabastecimiento están a la orden del día, camino seguro para la impopularidad de un gobierno.

El 6 de diciembre de 2015, con la participación del 75 por ciento del electorado, la oposición política obtuvo una resonante victoria electoral al recibir el 56.2 por ciento de los votos y 112 de los 167 diputados de la Asamblea Nacional. No hay dudas de que la voluntad de cambio prendió en las amplias mayorías del pueblo venezolano, lo que ha dado impulso a la demanda por un referendo revocatorio para que sea el pueblo mismo que decida si desea continuar con el presidente Maduro o

si prefiere nuevas elecciones. Se trata de una figura institucional que incorporó la Constitución auspiciada por Chávez bajo el predicamento de que la “democracia directa” sustituiría la “democracia representativa”, pero todo parece indicar que el gobierno se resiste a cumplir su propia Constitución en lo que a este punto se refiere. Mientras tanto, los demás poderes institucionales han entrado en una confrontación abierta con la Asamblea Nacional, al punto que la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucional prácticamente todas las leyes que ha aprobado la Asamblea Nacional controlada por las fuerzas opositoras.

Venezuela se encuentra en una difícil encrucijada. El esquema chavista de poder se estructuró sobre la base de que siempre contaría con el favor popular y que todo el Estado estaría al servicio de ese modelo. La alternabilidad política es contradictoria con las premisas mismas del sistema, pero resulta que el pueblo ha dado señales de que quiere moverse en una dirección distinta y que quiere restablecer la posibilidad de que un gobierno distinto pueda gobernar su país. Mientras más se resista el gobierno a realizar el referendo revocatorio y continuar tratando de imponer sus propios términos, más se profundizará la demanda de realizar dicho referendo por parte de amplios segmentos de la población. El gran desafío es cómo navegar por estas aguas turbulentas del mar político venezolano sin que ese gran pueblo se exponga a situaciones traumáticas de ruptura y violencia. Ese es el escenario en el que UNASUR y la propia OEA pueden jugar un papel constructivo para ayudar a superar la crisis política y reencauzar ese país por el camino de la estabilidad, la gobernabilidad y la recuperación económica.