REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este miércoles que entre enero y abril de este año su despacho ha procesado 74 casos vinculados al acoso escolar.
En una declaración televisada, Saab explicó que las acciones que está tomando la Fiscalía General tienen como objetivo visibilizar este problema, dar aportes para comenzar a construir una política de Estado contra el acoso escolar y la violencia ejercida entre menores, además de proponer una ley.
«Estamos ejecutando un plan nacional de prevención del acoso escolar, llevado a cabo por la Dirección de Protección Integral a la Familia conjuntamente con las fiscalías superiores de todos los estados del país», afirmó.
El fiscal indicó que este plan nacional está dando «buenos resultados» porque implica que tanto los fiscales superiores como los provisorios y auxiliares de cada región se reúnan con los centros educativos, los directores, maestros y estudiantes para dar charlas educativas para prevenir estos hechos.
«El acoso genera fracaso escolar, actitudes de aislamiento, altos estados de ansiedad, cuadros depresivos, inhibición escolar, aparición de neurosis e histeria, imágenes negativas sobre sí mismo y la consecuencia más grave entre todas, según lo que hemos investigado y estudiado, es que puede conllevar al suicidio de los niños víctimas», apostilló.
El pasado 5 de mayo, la ONG de Venezuela Centros Comunitarios de Aprendizajes (Cecodap) rechazó la «exposición pública» de adolescentes involucrados en situaciones de violencia y presunto acoso escolar por parte del fiscal general en redes sociales.
La ONG señaló, en un comunicado, que el fiscal ha publicado en los últimos días en su cuenta personal de Twitter varios mensajes en los que expone «el nombre, apellido, fotografía o videos de adolescentes involucrados en violencia y presunto acoso escolar».
Saab publicó el pasado 3 de mayo un mensaje en la red social donde anunció la imputación de un menor de edad, compartiendo su nombre completo, por parte de la Fiscalía Novena del estado Bolívar por el delito de lesiones personales, en un caso de presunto acoso escolar en una escuela de esa región.
La ONG indicó que por ley está «expresamente prohibido» exponer o divulgar, a través de cualquier medio, datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente, cualquier menor de edad, que haya sido sujeto activo o pasivo de hechos punibles.
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