París. – La Fiscalía pidió este martes que se condene al expresidente francés Nicolas Sarkozy, el principal encausado en el proceso por la financiación de su campaña de 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi, por haberse beneficiado de «un pacto de corrupción inconcebible, inaudito e indecente».
El fiscal Philippe Jaeglé, encargado de iniciar hoy la requisitoria contra Sarkozy y contra los otros once encausados que se sientan en el banquillo del Tribunal Correccional de París, destacó lo ajustado de esos adjetivos para calificar el acuerdo, en primer lugar porque se había establecido «con el régimen dictatorial» de Gadafi.
También porque para elaborarlo algunos de sus más próximos colaboradores, y en particular los exministros Brice Hortefeux y Claude Guéant, se entrevistaron con Abdalá Senoussi, cuñado de Gadafi, antiguo jefe de sus servicios secretos y condenado en Francia en rebeldía a cadena perpetua como responsable del atentado contra un avión de la UTA en el que murieron sus 170 ocupantes en 1989.
Y porque el objetivo era financiar de manera ilegal la campaña del conservador Sarkozy a las presidenciales de 2007, las elecciones que le permitieron llegar al Elíseo, lo que «pudo viciar» el resultado.
Además, el compromiso con el régimen libio corría el riesgo de coartar la soberanía francesa y subordinar a sus dirigentes a la influencia de Gadafi y propició el enriquecimiento personal de varios de los implicados, según el Ministerio Público.
Jaeglé inició su intervención rechazando los reproches que se han hecho a la Fiscalía Nacional Financiera desde las defensas, como que ha querido asentar con la notoriedad de este caso su legitimidad de institución relativamente reciente y de querer dar una lección a los encausados en nombre de «una clase política fallida».
Aseguró que lo único que les guía a él y a sus colegas es aplicar la ley «con imparcialidad» y «con plena conciencia de nuestra responsabilidad».
El fiscal insistió en que su convicción sobre el papel que tuvieron los encausados no parte de «un postulado de culpabilidad», sino de una reflexión en la que se han tenido en cuenta los elementos que les incriminan, pero también los que les exculpan y que se ha forjado también por los debates del juicio que comenzó el 6 de enero.
Pero a partir de ahí, hizo hincapié en que lo que han visto durante estas semanas por parte de Sarkozy y de los otros acusados es «un discurso estereotipado sobre la falta de pruebas» y que algunos de ellos han eludido las cuestiones que les dejaban en mala posición.
Más que significativa ha sido la carga contra Sarkozy por su «posición improbable» cuando se trataba de hablar de su relación con el intermediario libanés Ziad Takieddine, cuyo papel aparece como la clave para entender el supuesto «pacto de corrupción», y al que el expresidente francés ha pretendido que apenas conocía en el momento en que todo ocurrió.
Para Jaeglé, la enseñanza de este proceso, más allá de la eventual responsabilidad penal de unos y otros, es «la toxicidad de la relación entre políticos franceses, intermediarios, dirigentes de países extranjeros no democráticos e industriales», que «pueden conducir a las peores derivas».
Durante la audiencia de esta tarde, Sarkozy -que iba vestido con traje y corbata negros- estuvo sentado junto al exministro de Hacienda Éric Woerth muy atento a las palabras del fiscal y tomando notas.
La requisitoria va a prolongarse el miércoles y el jueves, cuando se espera que la Fiscalía anuncie las penas que va a solicitar al tribunal.
En todo caso, el proceso está previsto que se prolongue hasta el 10 de abril y, por los delitos por los que está imputado Sarkozy podría ser condenado en caso de ser declarado culpable, hasta a diez años de prisión, 375.000 euros de multa y la privación de sus derechos cívicos durante cinco años.